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¿Es Dina la culpable?

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Fecha Publicación: 13/10/2025 - 22:20
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No hay duda de que el Perú vive uno de sus momentos más dramáticos. Alguien me preguntaba ayer si hoy estábamos igual o peor que en julio de 1990, y mi respuesta, doliente, fue que, aunque hoy la macroeconomía y aun los micro y pequeños emprendimientos, pese a las extorsiones y atentados contra muchos de ellos, mostraban un comportamiento si bien no ideal, al menos positivo, había una situación tanto o más grave que a inicios del gobierno del expresidente A. Fujimori.
Me explico: antes el país estaba quebrado institucional y económicamente, éramos paria internacional e inelegibles para soporte financiero, y las bandas terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA dañaban y amenazaban con ferocidad ilimitada a los peruanos y pretendían asaltar el poder. Hoy, el terrorismo está mimetizado en el Movadef y Conare, e infiltrado en el sistema de justicia, además de asociado al narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado, importado en la última década con el ingreso indiscriminado de delincuentes despiadados dedicados a la extorsión, el sicariato y la trata de personas, entre otros.
A ello se suma una casi total inacción del Estado y sus agentes para cumplir su tarea esencial de procurar seguridad a las personas y a la propiedad privada y pública.

El Estado, que es el único que puede hacer uso de la fuerza, sujeto a la Constitución y la ley, a fin de garantizar seguridad y paz social, y que para ello debería actuar a través, principalmente, de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, cuyo jefe supremo es el presidente de la República, no encuentra personas dispuestas a cumplir su labor como sí las hubo en las décadas de los ochenta y noventa.
La infame persecución y venganza perpetrada por más de cuatro décadas a quienes —con episódicos errores y excesos lamentables, como han sucedido en todo país en situación similar de emergencia nacional— nos defendieron y libraron de la lacra terrorista, ha puesto en indefensión a los peruanos y al país, pues ninguna persona en su sano juicio deseará ser perseguida y castigada por cumplir su deber y usar la fuerza necesaria y legítima contra aquellos que están cometiendo delitos y no se amilanan ni siquiera en presencia de la autoridad.
Urge salir de esa inercia y garantizar a las Fuerzas del Orden que el cumplimiento de su deber estará protegido del odio e insanía vindicativa de los cómplices intelectuales y operativos del crimen al que hayan de enfrentar.

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