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Es hora de tomar decisiones sensatas
Tal vez muy pocos peruanos se percatan que el momento actual constituye la gran oportunidad para consolidar al Perú como Nación, con toda su interculturalidad y etnias; y, como Estado, con el fortalecimiento y solidez democrática a prueba de cualquier altibajo histórico, de su institucionalidad, con líderes que se comporten como tales, dando buen ejemplo en virtudes, actuando con ideas de estadista, formulando un plan nacional de desarrollo y presencia internacional que se mantenga en el tiempo y se ejecute por todos los gobiernos futuros y que desarrolle y ejecute un diseño de desarrollo interno con infraestructura regional y local que garantice a la población una directa percepción de beneficios en bienes y servicios a su alcance.
En tal virtud, comenzando por el Congreso, es inadmisible que allí se adopten medidas fuera de contexto y se asignen privilegios que constituyen una bofetada a la pobreza de nuestra gente. Tampoco es aceptable que la agenda legislativa se concentre en disputas de poder que muestran una pequeñez mental frente al horizonte enorme de aspiraciones poblacionales a tener facilidades para emerger económica y socialmente, además de coordinar y generar un marco jurídico que plasme un sistema de defensa del orden público que es el sustento de cualquier Estado de Derecho.
En el Ejecutivo es necesario pacificar el país, pero no dándole gusto a los terrucos reciclados que, en una conjura insana con potencias extranjeras que pretenden destruir las democracias representativas con base en una ideología ya obsoleta y trasnochada, le ha declarado la guerra al Perú confundiendo a nuestra población y utilizando líderes de la violencia ultra para desatar actos de sabotaje contra todo lo que sustenta nuestro desarrollo económico y social.
No podemos seguir destruyendo la moral de nuestros soldados y policías, quienes, al verse desbordados por turbas que actúan con ánimo asesino y destructor, no saben qué hacer ni cómo reaccionar porque ya la experticia caviar, sirviente del terrorismo, sabe cómo movilizar a un cuestionable sistema de defensa de derechos humanos que no defiende la paz social sino la acción destructiva de los amigos de la violencia.
Ya tenemos a una Relatora de la CIDH pidiendo informes al Perú sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza y otras linduras sobre las cuales, es más que seguro, utilizarán cualquier interpretación para condenar al Estado como violador de los derechos humanos, dejando el camino libre a los saboteadores de los bienes públicos y privados.
Como experiencia hay que recordar cómo tendieron la alfombra roja por la cual Abimael Guzmán logró liberar a sus huestes y convertirlas en militantes ya no de Sendero Luminoso sino de otros órganos de fachada.
Finalmente, el sistema de justicia está en la obligación de dar respuestas razonables a la realidad que vivimos. Las abstracciones puras no sirven porque los derechos en juego surgen de una realidad tangible.