¿Es imposible detener la delincuencia política?
Es una pena, una vergüenza y causa una gran indignación el alto nivel que ha alcanzado el crimen en la política peruana. Su máxima y lamentable expresión es que todos sus presidentes en las últimas tres décadas están acusados y/o condenados por delitos de corrupción, salvo nuestro último mandatario de transición. Y nuestras instituciones públicas no solo están muy devaluadas, sino alejadas de la eficiencia pública.
Y esta oscura historia de corrupción que ocasiona pérdidas al Estado de más de 10 000 millones de soles por año, afectando el 2% del PBI nacional, continúa inexorablemente, que sumado al crimen común de las calles, hacen imposible construir un buen gobierno y lograr el bienestar nacional.
El cáncer político cada cinco años se nutre a través de los comicios electorales. En abril próximo, 235 candidatos sentenciados penal y/o civilmente de 22 partidos pugnarán por una curul parlamentaria, cuyo poder político los protegerá y les permitirá hacer fortuna mal habida, conservando el sistema por supuesto. En el actual Parlamento, 68 congresistas tienen procesos de investigación abiertos.
Fuera del Congreso, la corrupción es igual o más de peor. En el 2019, ingresaron 13,444 denuncias contra funcionarios públicos, especialmente municipales. Según la Procuraduría Anticorrupción, de los 1,841 alcaldes que cumplen funciones a nivel nacional, 1,699 son investigados por corrupción.
Los delincuentes con saco y corbata incluso se aprovecharon en la pandemia de la covid–19. La Fiscalía registró casi 2,000 denuncias de presuntos actos de corrupción en la adquisición y distribución de alimentos, y equipos de protección y limpieza contra el coronavirus. No escapan de este crimen los centros de salud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los gobiernos regionales.
La sociología criminal sostiene que el crimen y el delito son fenómenos sociales complejos, donde la sociedad prepara y crea al delincuente, que sumado a algunas características personales sicológicas es proclive al mal, a lo antisocial, a la violación de las normas que gobiernan una determinada sociedad.
En el Perú este problema social está originando desde el siglo pasado el debilitamiento del orden social, el desmoronamiento de las normas y valores vigentes, aflorando una cultura del crimen que incluso invade el ámbito privado y todas las clases sociales.
¿Cómo enfrentar este problema? Investigando multidisciplinariamente, reformando la Constitución Política, la estructura del Estado, el sistema de partidos políticos, el poder judicial y el marco normativo penal, la selección del personal público, reorientando el presupuesto nacional, fortaleciendo la Fiscalía, la Policía Nacional y reemplazando a la Contraloría por otra institución anticorrupción más eficiente y técnica. Y por qué no, también, inhabilitando y sancionando a los altos funcionarios del Estado –incluyendo al presidente de la República y congresistas– que no realicen una buena función a favor del país.
Luis Luján Cárdenas
