Esbirro ensañamiento
Tanto Rafael Vela como Domingo Pérez se han convertido en figuras mediáticas, se pasean por los canales de TV cual vedettes y hacen declaraciones altisonantes, pensando ser los zares de la anticorrupción, este par de “personajes” desconocen el orden jerárquico de lo que alguna vez fue el Ministerio Público, salen más en los medios que la propia fiscal de la Nación puesta a dedo. Violando la juridicidad tanto nacional como supranacional, el fiscal del equipo especial Lava Jato, Domingo Pérez, solicitó al Poder Judicial la revocación de la prisión domiciliaria contra PPK que afronta por el caso Odebrecht y su inmediato internamiento en un penal.
Esto, debido a que habría incumplido reglas de conducta al reunirse con diferentes personalidades; francamente esto es un pretexto, lo real y concreto es la represalia de Pérez por haber renunciado Mercedes Aráoz y Carlos Bruce a la bancada oficialista. El pedido ha sido oficializado y de manera increíblemente inusual y veloz en el Poder Judicial, vía telefónica César Nakazaki fue notificado para la fecha de la audiencia, para hoy viernes; lo anecdótico es que los medios tienen el requerimiento, menos la defensa, que no fue notificada de acuerdo a ley. Desde que fue sometido a prisión domiciliaria, PPK ha recibido las visitas de varios allegados suyos. Pérez señala que las visitas vulneran la orden judicial, configurándose así como la infracción a las reglas de conducta; en la mente de Pérez, este arguye que PPK tenía la “prohibición de realizar reuniones sociales en el inmueble donde se lleva a cabo la detención domiciliaria y la prohibición de realizar actividad política directa e indirectamente”. ¿Una reunión entre dos personas se convierte en social? En abril pasado, la Primera Sala Penal de Apelaciones dispuso la detención domiciliaria de PPK por 36 meses.
Entre las reglas de conducta que se impusieron en ese momento se mencionó que Kuczynski está prohibido de comunicarse con los coimputados Gloria Kisic, José Luis Bernaola y Gerardo Sepúlveda; no puede brindar declaraciones a los medios sobre su caso; no debe tener reuniones sociales en su domicilio excepto por temas familiares y/o visitas; y está impedido de realizar actividades políticas.
Las restricciones establecidas cuando se le revocó la prisión preventiva están siendo arbitrariamente interpretadas por Pérez. Mientras se pretende discutir la función de la vicepresidenta de la República, que es un problema político, no tiene por qué mezclarse con un problema netamente legal que tiene PPK. De manera por lo menos burlesca el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió un pronunciamiento al respecto exigiendo el irrestricto cumplimiento del debido proceso y de los derechos humanos de todo ciudadano, remarcando su respeto por la autonomía de poderes. Finalmente, el presidente Vizcarra expresó: “Siempre hemos dicho que respetamos la independencia de poderes, pero también como ciudadanos tenemos derecho a dar nuestra opinión y nosotros no estamos de acuerdo con el pedido de la Fiscalía”. De qué respeto puede hablar cuando arrincona, amenaza y le pone plazos al Poder Legislativo.
