Escazú, una bomba de tiempo

Próximo a debatirse en el Congreso la aprobación del Tratado de Escazú, se levantan voces de advertencia sobre los riesgos que implicaría hacerlo.

No solo así lo han expresado prestigiados internacionalistas y doce gremios empresariales, sino asociaciones de oficiales generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y, más aún, de manera implícita, la propia Cancillería, a través de un oficio alcanzado a la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento el 15 de junio de este año.

Dicha nota constituye, sin duda, una fina rectificación a la postura inicial de la Cancillería, que emitió informes favorables para adherirnos al acuerdo adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo del 2018, para luego - a través de la Resolución Suprema No 183-2018-RE - facultar a la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, suscribir ese documento en el marco del 73 período de sesiones de la ONU, el 27 de setiembre de 2018.

La nota de junio recuerda, en efecto, que nuestro país “reconoce un medio ambiente sano” en el artículo 11 del Protocolo adicional a la Convención de Derechos Humanos, en vigor desde el 16 de noviembre de 1999 y cuenta con una “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 27806)”, además del “Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) y de las Fiscalías Especializadas en Derecho Ambiental”, entre otras medidas.

El párrafo final del oficio remitido por el entonces canciller Gustavo Meza-Cuadra sostiene que para “evaluar la extensión de esta obligación resulta también necesario tener presente que ninguno de los principales países del espacio amazónico, con excepción de Bolivia y Ecuador, hasta el momento han ratificado el Acuerdo de Escazú (actualmente se han producido nueve de las once ratificaciones requeridas para su entrada en vigor), lo que puede tener implicancias, tanto en términos amplios de desbalance regional como de requerimientos concretos provenientes de países vecinos que no sean parte del Acuerdo”.

A lo dicho por el ex ministro de Relaciones Exteriores debemos agregar que en el Perú existen más de 80 normas legales que garantizan una amplia información, participación pública y de acceso a la justicia, contando, asimismo, con apoyo de los Ministerios del Ambiente y de Cultura, creados el 2008 y el 2010, así como con viceministerios y organismos responsables de proteger el medio ambiente. Es decir, tenemos una plataforma legal y operativa muy superior a otros países adherentes al Tratado de Escazú.
Más aún, en el Poder Judicial existe un Observatorio de Justicia Ambiental y una Comisión Especial encargada de capacitar a los magistrados en esa materia.

Dentro de este contexto, es preciso advertir que es un peligro, una innecesaria merma a nuestra soberanía, que aceptemos, como exige al Tratado, que las controversias las dirima no nuestros tribunales de justicia, como corresponde, sino la Corte Internacional de las Naciones Unidas, de modo directo o a través de un arbitraje.

Si los legisladores cometen el error de aprobar el Acuerdo, nuestro país quedaría expuesto a un acoso de demandas con carga política, que podrían bloquear importantes inversiones mineras, petroleras o gasíferas, indispensables para el desarrollo económico. Y, si ello ocurriera, tendríamos que esperar tres años para denunciar el Tratado y un más para retirarnos. Desde cualquier punto de vista, en suma, estaríamos activando una bomba de tiempo que explotaría en cualquier momento.