Esperamos que confrontación entre eléctricas haya culminado

Disputa de largo aliento la que se ha venido desarrollando en el mercado de generación y distribución de energía eléctrica por la captura de consumidores que, por calificación normativa, tienen facultad de seleccionar al suministrador que crean conveniente, conocidos como clientes de libre negociación.

La última estadística oficial, de junio del 2018, señala que había tan solo 819 clientes libres de un universo de 7.3 millones de usuarios. A pesar de su número reducido, toman el 57 % del consumo total.

Desde inicios del 2017, por la transitoria sobrecapacidad de producción, se desató una guerra de precios en base a una toma de riesgo calculado de los excedentes del mercado. Se generó migración de clientes, donde la empresa Luz del Sur fue una de las más afectadas, pues más allá de la pérdida de ventas quedó sobrecontratada en capacidad, con un impacto económico anual del orden de 34 millones de dólares.

Al no encontrarse una salida al perjuicio de la sobrecontratación, hubo intenso despliegue mediático de señalamientos, promesas de beneficios a los consumidores residenciales, a cambio de que se hiciesen modificaciones normativas. Los intentos reformistas del Ministerio de Energía y Minas (MEM) fueron fallidos, derivándose en dos proyectos de ley en el Congreso de la República -el PL3110/2017 y el PL2320/2017-, dos pretensiones que exceden los marcos teóricos de la regulación de precios y que, en el colmo de la audacia, ya están dictaminados en las comisiones de Defensa del Consumidor y de Energía, respectivamente, habiendo quedado expeditos para la votación en este verano en la Comisión Permanente del Legislativo.

Sin embargo, a pesar de los puyazos, once empresas del sector llegaron a ponerse de acuerdo en una solución que implica la renovación de los contratos y la reducción de la capacidad de sobrecontratación entre productores y distribuidores, siendo estos últimos los que llegan con conexiones a los consumidores. Para esto ha sido necesario emitir dos decretos supremos, una resolución ministerial por parte del MEM y la toma de un acuerdo de directorio de Osinergmin, en los últimos 4 meses.

Culminada la refriega, los proyectos de ley deben ser enviados al archivo y trabajar productivamente.