Estados Unidos sobre Venezuela: de la disuasión a la invasión

En el contexto de la reciente reunión de Alaska -estoy haciendo una especulación científico-lógica desde la dinámica del poder-, el presidente estadounidense, Donald Trump, parece haber conseguido entre el grueso de los acuerdos con el mandatario ruso, Vladimir Putin, la no intromisión de su país, en caso que Washington decida ingresar en Venezuela para derrocar al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. La reciente movilización militar emprendida por la Casa Blanca hacia las costas del Caribe, muy cerca de las aguas de Venezuela, no son poca cosa como para no creerlo, y aunque es cierto que su objetivo es combatir a los carteles de la droga latinoamericanos que vienen produciendo tragedias en la juventud, y por tanto, en las familias estadounidenses, para el gobierno de Trump, observando el discurso de los actores más visibles de la actual administración republicana, me queda claro que Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela, ni siquiera es un gobernante de facto, si no, en cambio, el jefe de la mayor banda criminal transnacional que viene operando, merced a detentar el poder político en Venezuela, en el nefasto quehacer del tráfico ilícito de drogas. Hasta antes del desenlace de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en que Maduro descaradamente se hizo del poder, una vez más, tirándose abajo a la voluntad ciudadana venezolana, a la que mantiene amedrentada todo el tiempo -la oposición política no ha tenido recursos como para acabarlo, debido a la dureza con que actúa el régimen-, creíamos que a pesar de todo lo que vivía este país hermano, no debíamos avalar una invasión militar por fuerzas exógenas que pudieran advertir como riesgoso, un debilitamiento del derecho internacional y del sistema westfaliano que consagró la inviolabilidad de las fronteras nacionales, produciendo un grave antecedente; sin embargo, siempre con mi apego a las normas jurídicas internacionales, creo que el pragmatismo superpuesto por estado de necesidad nacional imperiosa sobre Venezuela, obliga a que se produzca cualquier acto que, considerando la desnaturalización del poder político por quienes lo detentan -repito- por constituir perfectos delincuentes, debe apoyarse cualquier acto de liberación nacional que los principios generales del derecho y los derecho internacional avalarán completamente. Creímos que fuerzas endógenas podían hacerlo, pero todo ha cambiado empeorando la realidad llanera en que la referida oposición, además, no ha podido organizarse como debió porque la dictadura está todo el tiempo detrás debilitándolos y frustrándolos. Por todas estas razones si acaso no se realiza el proceso de liberación del pueblo venezolano desde afuera -no creo que un gobierno demócrata se atreva a hacerlo-, el destino de la sociedad llanera será exactamente el mismo que le viene pasando al cubano desde 1959. Ese destino no se puede permitir. La política exterior del Perú debería tener una posición realista y pragmática sobre Venezuela ante la eventualidad de que Estados Unidos pase de la disuasión a la invasión.

(*) Excanciller del Perú e Internacionalista

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