Esto se llama dictadura
Qué desvergüenza la del partido Alianza para el Progreso, propiedad del “poderoso” César Acuña, cuyo vocero en el Congreso, Enrique Wong Pujada, es investigado por la Comisión de Ética del Parlamento presidida por la acciopopulista Karol Paredes. De acuerdo a lo informado ayer por EXPRESO, la razón es por haberle solicitado al poder Ejecutivo que coloque a algunos allegados suyos –concretamente a sus tres asesores, Manuel Talavera, Carlos Rodríguez y Víctor Zavaleta- en puestos de trabajo en Enapu y/o Corpac. Wong Pujada se aprovechaba así de su cercanía con ese cuestionado ex ministro de Transportes, Juan Silva. Amistad que, dicho sea de paso, interesadamente la había estado enriqueciendo el elegantemente cursi Wong Pujada; leal secuaz del millonario Acuña, dueño del emporio de universidades César Vallejo.
Esto, en paralelo a sus jugarretas congresales para embaucar a los partidos de oposición, a los cuales él habría venido engatusando con el cuento de su respaldo a la moción de vacancia presidencial. Es predecible que el precio que Wong Pujada habría pactado con ese esperpéntico ex ministro Silva -para que le consiga puestos en el Ejecutivo a sus tres asesores- habría sido su “gestión” ante el dueño del partido, en el cual participa, para que vote en contra de toda iniciativa del Congreso que afecte la estabilidad política del aún mandatario Pedro Castillo. Y, probablemente, como parte de ese mismo pacto, él habría estado informándole al desaforado ex ministro sobre los acuerdos a los cuales arribaban las bancadas de oposición (entre las cuales él lograra infiltrarse), sobre las estrategias que acordaba respecto al Ejecutivo.
Sobre el particular, tal como informara ayer EXPRESO, “según los expertos políticos, las acciones cometidas por el podemita Wong Pujada ante el renunciado ministra Juan Silva, no solo es un desliz que linda en lo axiológico” sino que, con ellas, “habría cruzado la delgada línea roja de la legalidad”, en relación a que “implicaría incurrir en tráfico de influencias, al haber recomendado o intercedido a favor de terceros” para conseguirles empleos en el Estado. Si esto pasa en Alianza para el Progreso, es evidente que lo mismo –y quizá en mayor proporción- suceda con Acción Popular. Vale decir, la mano negra del poder Ejecutivo comunista y senderista, presta a ayudar a sus “amigos” a cambio de “lealtades” que paga el Estado financiado por sus impuestos amable lector.
Una raya más al tigre cerronista/castilllista caracterizado por la inmoralidad, la corrupción y sinvergüencería. Sobran ejemplos de esta característica en su gestión del Estado. Múltiples ministros condenados y/o en vía de aquello, hasta por asesinato; el presidente plagiando al premier en su “mensaje a la nación” de marzo; la ministra de Trabajo plagiando más de cuarenta páginas incluidas textualmente en su tesis; el presidente imputado doblemente por incapacidad moral para gobernar por hechos de corrupción, y camino a una denuncia constitucional por infringir la Carta. Y sigue la numerosa relación de barbaridades, por las que cualquier gobierno democrático hace tiempo hubiese sido defenestrado. Sin embargo, no ocurre lo mismo con Castillo. Esto no es democracia. ¡Es dictadura!
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