Exasperante crisis de inseguridad
En julio del año pasado, el entonces primer ministro Alberto Otárola declaró que “existe un déficit de cuarenta mil policías”, a la vez que anunciaba la creación de un “nuevo destacamento” policial denominado “Orden y Seguridad”, integrado por jóvenes cuyo único requisito sería haber cumplido el servicio militar obligatorio. A ellos los bautizaría como los “ninis”, porque “ni estudian ni trabajan”, dando como razón para incorporarlos a la PNP la prolongada demora que demanda la formación de nuestros suboficiales y oficiales de la Policía Nacional, adelantando que la nueva hornada recibiría una preparación express de apenas seis meses, para luego integrarse al cuerpo policial a efectos de realizar “tareas de seguridad” (¿?).
Analicemos lo que ya ocurría hace un año. Empecemos porque, en el Perú, el crimen no revestía los extremos que ahora constatamos, tanto en cantidad como en ferocidad y, principalmente, en mortandad. El escenario de hoy es absolutamente apocalíptico. No existe un verdadero censo sobre los hechos criminales que ocurren en el país; y, particularmente, en Lima. Muchos ciudadanos atacados por las hordas criminales prefieren callar y curtir sus heridas, antes que denunciar el hecho a la Policía, pues mucha gente ya no confía en la Policía. Primero, porque la atención en las comisarías es infame, tardía y generalmente inútil. Y segundo, porque lo que investiga el cuerpo policial luego es revisado y dictaminado por ciertos fiscales que más parecen cómplices de los criminales; pues, generalmente, estos últimos retornan de inmediato a la calle a continuar asaltando, robando, hiriendo y asesinando a inocentes ciudadanos. ¡Y quienes los acusan son perseguidos por sus victimarios por denunciarlos ante la Policía!
Esta gravísima coyuntura -que muy posiblemente no ocurra en otro país- acá se ha transformado en una práctica común que atenta contra la vigencia del Estado de Derecho. Principio que, en vez de constituir una garantía para los ciudadanos honrados, acá implica una evidente protección para los criminales.
Hoy, muchos de esos ‘ninis’ -a quienes, hace un año, Otárola señalaba como base de la informalidad, el sector que más rápido crece en nuestra sociedad- pueden estar integrados al hampa que mantiene secuestrado al Perú.
Por su parte, el congresista Alejandro Cavero se muestra escéptico -como la inmensa mayoría de peruanos- ante las prometidas medidas del gobierno y la conducta siempre gaseosa del Congreso que, como era de esperarse, ha diferido el debate de la norma que incorpora a nuestra legislación el terrorismo urbano, colaborando de esa manera a darle aliento a las temerarias masacres subversivas que vemos ocurrir, cada vez con mayor violencia y sevicia, a la vez que con mucha más frecuencia. Por último, demanda atinadamente Cavero: “El Gobierno tiene que ser consciente de la magnitud del problema, y dejar de minimizarlo.”
La verdad sigue siendo la misma. El inepto gobierno de Dina Boluarte, además de sorprendernos cada día con un mar de barbaridades y corruptelas, nos ha infligido a todos los peruanos -y seguirá haciéndolo, dada su improvisada naturaleza e inclinaciones cada día más izquierdistas- un gravísimo perjuicio que no merecemos.
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