Exceso de confianza
La cuestión de confianza planteada por el gobierno de Martín Vizcarra en torno a 5 de los 12 proyectos de reforma política que ha enviado al Congreso está siento utilizada por éste como instrumento para recuperar popularidad aprovechando el rechazo a dicha institución parlamentaria –especialmente desde el blindaje de Pedro Chávarry– con el apoyo de algunos medios de comunicación.
El Perú requiere, sin duda, varias reformas políticas pero no necesariamente el paquete completo propuesto por el régimen de Vizcarra, que sostiene con énfasis mesiánico que si no aprueba el Congreso la esencia de su reforma y no lo hace dentro del plazo que le ha fijado aplicará la cuestión de confianza, con lo cual caería el Gabinete y cerraría el Congreso, con la obligación de convocar a una nueva elección inmediata.
La “reforma” no es otra cosa que una propuesta pergeñada por un gabinete de catedráticos caviares de una sola universidad que no ha sido motivo de consulta con ningún otro sector y pretenden imponerla como si fuera la panacea para la crisis institucional y política por la que atraviesa el Perú, cuando no lo es.
La inmunidad parlamentaria no puede ni debe amparar una execrable impunidad tal como viene ocurriendo pero tampoco es aceptable, como pretenden Vizcarra y la comisión Tuesta, trasladar la potestad del levantamiento de dicha prerrogativa parlamentaria a la Corte Suprema que es un ente donde comparten responsabilidades magistrados probos con personajes como Hinostroza –hoy fugitivo en España– y jueces imparciales con otros abiertamente politizados.
La conversión de la elección interna en los partidos políticos en comicios abiertos con participación de los 24 millones de votantes que hay en el Perú suena a democrático pero encierra una trampa encubierta: si los partidos intervinientes –y todos están obligados a hacerlo– no reúnen individualmente 270,000 votos pierden la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones.
Esta imposición antidemocrática habla mucho del pensamiento autoritario y elitista de la comisión Tuesta –autora intelectual del desaguisado– y del régimen de Vizcarra que, contrario sensu, no proviene de una elección popular sino de una sucesión constitucional consecuencia de la corrupción de quien lo antecedió en el cargo y lo elevó políticamente.
Grave encrucijada entre un gobierno que, además, no gobierna y un Congreso vergonzoso.
