Extinción de dominio
La atención de los medios está puesta –con toda razón– en el balance del último viaje de la sucesora presidencial a Nueva York y sus verdades, mentiras y exageraciones sobre el mismo, empezando por los alcances meramente protocolares de la foto posada con el presidente Biden. Asimismo, lo está sobre el cacareado y gaseoso “Plan Boluarte” para combatir la insufrible ola criminal y la inseguridad ciudadana que se padece en las calles de la capital y a nivel nacional. Empero, visto los estragos que produce la malhadada “Ley Soto” a la recta administración de justicia, ello nos obliga a sumarnos a otra alerta esta vez para impedir la nueva tropelía legislativa que se cocina en el inefable Parlamento. Esta, de consumarse y promulgarse, debilitará o dará el tiro de gracia a la ya tambaleante política anticorrupción gracias a la inepcia o a los intereses creados y subalternos que pululan en la Casa del Congreso. Nos referimos al más que sospechoso proyecto de ley cuasi con nombre propio –misma Ley Soto– que pretende la desnaturalización de la Ley de Extinción de Dominio vigente y que camina por los corrillos congresales.
Comprendemos que dada la grave coyuntura política, económica y social que atraviesa la Nación, esta preocupación jurídica pueda parecer una exquisitez, pero no lo es en absoluto.
En pocas palabras, lo que se estaría cocinando o promoviendo con esta modificación legal es que mientras no exista una sentencia condenatoria firme contra los presuntos mayores pájaros de cuenta –léase, terroristas, corruptos, narcotraficantes, lavadores de activos, extorsionadores, contrabandistas, etc.– no pueda proceder este proceso autónomo y paralelo al curso penal y las medidas cautelares correspondientes sobre el dominio de los bienes originados por dichas actividades ilícitas o destinados a las mismas y su consiguiente pérdida en favor del Estado, desconociendo que el proceso de marras, tanto en la etapa fiscal cuanto en la judicial, se tramita preservando la tutela y las garantías procesales debidas del imputado y perjudicando, así, gravemente la erradicación de la corrupción y de la criminalidad organizada que infecta el país. Según cálculos, de aprobarse este desaguisado más de cuatro mil casos en giro se verían afectados y Dios sabe cuántos más Soto o personajillos peores que él se verían beneficiados y frotarían las manos.
Toda legislación es siempre perfectible y si la actual Ley de Extinción de Dominio lo exige, pues que se enmiende, mas no como propone el proyecto dictaminado por la Comisión de Justicia que parecería impulsada por varios nombres propios. ¡AMÉN!
