Facultades legislativas en la balanza

La Comisión de Constitución del Congreso deberá actuar con la balanza del orden y la justicia de la diosa Themis. Este martes, la Comisión sesionará con una responsabilidad trascendental: negociar la aprobación de la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Es esencial que la comisión preste atención a los argumentos que presentará Otárola y su equipo ministerial. A pesar del marcado desprestigio del Congreso, lo que suceda en esta sesión podría arrojar una luz positiva sobre nuestro parlamento. Lo ideal sería que el Congreso emplee todos los recursos a su alcance para garantizar que los temas a legislar sean verdaderamente prioritarios ante la coyuntura nacional y la caída del crecimiento.

El Ejecutivo ha solicitado ‘superpoderes’ en un proyecto de ley de 94 páginas que refleja una extensa y heterogénea delegación de facultades. Este documento parece un cajón de sastre con aspectos buenos, otros no tan buenos y algunos cuestionables. Al parecer fue estructurado principalmente por los ministerios de Interior, Justicia, Transportes y Vivienda. Lo inquietante es la ausencia de un propósito claro de impulsar la inversión y combatir la pobreza. El ‘Plan con Punche’ y las 33 medidas del primer paquete normativo, establecidas bajo las facultades legislativas, no generaron el impacto suficiente. Sin crecimiento, el panorama futuro es sombrío.

La Comisión de Constitución deberá evaluar la conveniencia del contenido del proyecto del Ejecutivo, deliberando si es viable o si requiere ajustes. ¿Lo rescatable? Destacan las normas vinculadas a seguridad, delincuencia y crimen organizado. Se propone modificar el Código Penal para mejorar la investigación delictiva y la intervención de los operadores de justicia, buscando evitar la impunidad y agilizar la reparación a las víctimas. También se busca intensificar la lucha contra la extorsión, estafa, fraudes y otros delitos que, en un 90 %, son virtuales (ciberdelincuencia). Se plantea actualizar normativas sobre tráfico ilícito de drogas y otros delitos.

Además, se propone una reforma para modernizar el sector interior y la Policía Nacional, fortaleciendo sus capacidades operativas y de servicio. Esto si es importante porque según Gallup, 4 de cada 5 personas perciben el aumento en la delincuencia en los últimos meses.

En materia de infraestructura social y calidad de proyectos, se proponen medidas para impulsar la innovación tecnológica, reducir la brecha de las telecomunicaciones, establecer un marco para servicios de saneamiento y agua potable, regularizar derechos de propiedad, y crear una entidad que de asistencia técnica para los proyectos de inversión de los gobiernos regionales y locales, entre otros.

Sin embargo, hay propuestas que generan incertidumbre, como la gestión del riesgo de desastres. Se sugiere abordarlo mediante un ordenamiento territorial, cuya rentabilidad social podría ser incierta. No siempre la solución es más inversión pública. La propuesta vinculada a los planes de prevención y riesgos de desastres no enfrentan el problema de la corrupción municipal, que permite el tráfico de tierras y la existencia asentamientos humanos en zonas de riesgo.

El verdadero desafío que aún no se ha abordado es el mal diseño de la regionalización, que permite la corrupción dentro del Estado. Otro punto cuestionable es el marco legal para la actividad de intermediación del servicio de taxi, que parece responder a un interés particular. La propuesta se basa en que el Indecopi ha recibido 209 reclamos contra el aplicativo de taxi desde el año 2022, lo cual es insignificante frente a los millones de viajes que debemos haber realizado.

Exhortemos al control político que el parlamento ejerce sobre el gabinete. La Comisión de Constitución debe asegurarse de que las normas propuestas estén en armonía con los intereses prioritarios del país, buscando mejorar la situación política, económica y financiera. Esto implica fomentar la confianza para promover más inversión privada.

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