Festival de fugas en investigaciones torpes

Desde que a la señora Zoraida Ávalos se le ocurrió la más absurda de las interpretaciones constitucionales para abrir investigación contra el profesor Castillo por contar con suficientes elementos de convicción sobre hechos de connotación penal y disponer que el desarrollo de los actos de investigación se inicien recién cuando el mandatario culmine su periodo de cinco años, la impunidad penal estaba más que garantizada, quedando el Ministerio Público convertida en una entidad que contradice sus obligaciones y funciones respecto de la persecución del delito, la que debe realizarse con oportunidad para que tenga eficacia, pero, además, poniendo en riesgo todo el caudal probatorio y hasta la integridad física de los involucrados en esa presunta organización criminal al dejarlos a merced del máximo poder político en funciones.

Los que alguna vez hemos integrado una Sala Penal para juzgar a secuestradores y extorsionadores, entre otros, nos llevábamos una enorme sorpresa al momento de la declaración de los agraviados y la sindicación directa contra los procesados a los cuales en la investigación llamada hoy preparatoria habían identificado sin ningún problema, mostrando en la audiencia una actitud dubitativa, desconcertada y un miedo evidente que los llevaba a sostener que podían haberse equivocado y que no recordaban bien los rostros.

Esta situación, por repetitiva, nos condujo, junto a otros magistrados acuciosos, a conocer la causa de este cambio de actitud que favorecía sobremanera a los acusados de pertenecer a organizaciones criminales y haber cometido un sinnúmero de delitos o como concurso ideal o real en su caso.

La respuesta fue muy simple porque lo mismo estaba ocurriendo con los “arrepentidos” de pertenecer y haber actuado para organizaciones terroristas, los que comenzaron a retractarse de todas sus declaraciones y sindicaciones de mandos y crímenes atroces que estos habían cometido.

En ambos casos, los testigos, por más clave y protección que se les asignaba o prometía brindárseles, al final quedaban a expensas de los delincuentes porque el Estado jamás tuvo un sistema idóneo y eficaz de protección, de modo que comenzaban a recibir en sus domicilios, visitas de familiares o amigos de los prontuariados con juzgamiento en curso solicitando básicamente que el agraviado se retractara de toda imputación con la siguiente oferta: ofrecimiento de disculpas, resarcimiento económico razonable y, de no aceptarse ninguna de las dos, la amenaza de atentar contra el agraviado individualmente o contra cualquier miembro de su familia.

En el caso de la organización criminal presuntamente liderada por el profesor estamos ante el mismo escenario. Testigos claves que desaparecen o se refugian en escondites que la policía conoce, pero no interviene, o teniendo que aceptar la protección oficial y hasta financiamiento para mandarse mudar el país. Así las cosas, vencidos los tiempos fijados por la señora Zoraida Ávalos, no tendremos sino frustración e impunidad.

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