Fiscal de la Nación, servidora de Palacio

Recién semanas después de conocidos los hechos y los protagonistas –empezando por el propio presidente Castillo y la “empresaria” Karelim López–, la fiscalía del Estado, sometida a poder político, allanó los inmuebles del ex secretario general de palacio de gobierno, Bruno Pacheco, y de la referida Karelim López, imputados por los presuntos delitos de tráfico de influencia y colusión agravada. Una demostración más de que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dosifica la actuación de sus subordinados según la trascendencia de los investigados. Porque téngalo bien seguro, amable lector, que si los sujetos a investigar hubiesen sido personas de la oposición, un cuerpo de fiscales se habría constituido de inmediato en sus domicilios, ya habría encontrado las pruebas que buscaban, y los sujetos hoy estarían tras las rejas y empapelados para condena a cadena perpetua. Pero no. Siendo el presidente Pedro Castillo el epicentro de esta investigación, la fiscal Ávalos manipuló la coyuntura dándole el tiempo necesario a los intervenidos para que se liberen de los serios cargos que, evidentemente, pesan sobre ellos. Esta ya pareciese ser la conducta establecida por la fiscal Zoraida Ávalos desde que asumió el cargo, gracias al padrinazgo del miserable exmandatario Vizcarra. A éste, dicho sea de paso, Ávalos ni lo toco con el pétalo de una rosa, no obstante pesar sobre él gruesos expedientes por actos de corrupción como gobernador moqueguano, y que asimismo tomó conocimiento de graves hechos de obstrucción a la justicia y otros delitos perpetrados por Vizcarra en connivencia con dos secretarias palaciegas suyas. Fechorías que, de inmediato, debió investigar el Ministerio Público. Pero Ávalos señores, nunca dio esa orden. Esto mismo hace ahora dicha Fiscal. Por ejemplo, casi un mes después de que la prensa descubriera la guarida de Breña, esta todavía no es allanada y el presidente Castillo sigue sin ser investigado, pese a haberse reunido en ese antro con proveedores del Estado y ministros, con quienes de noche despachaba disfrazado, al margen del reglamento al que está sujeta la presidencia de la República.

En el caso del allanamiento de las viviendas del ex secretario general de palacio y la lobista de moda, que gana licitaciones revestidas de sospechosas coincidencias, esto se hizo con la tardanza suficiente como para permitirles a los investigados deshacerse de pruebas y demás elementos que requiere la Fiscalía para profundizar sus labores y decretar responsabilidades. Asimismo, la intervención abarcó a las viviendas de Víctor Valdivia y Édgar Vergara, ambos del Comité de Licitación de Provías, que adjudicaran la buena pro a la constructora apadrinada por Karelim López. El allanamiento incluyó igualmente los locales de George Peter Pasapera y Héctor Pasapera, de la empresa Terminex, integrantes del consorcio Puente Tarata III al cual Provías le adjudicara el primer puesto en una licitación a todas luces amañada. Primeramente, porque en ella participaron al menos dos empresas del grupo ganador; y luego, porque la diferencia de los precios de oferta (aproximadamente 234 millones de soles) presentados por ambas, fue… 27 centavos. Saque sus concusiones, amable lector.

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