Fiscal Espinoza, a la reja
Quienes postulan a cualquier cargo dentro del aparato estatal están obligados a conocer, hasta en el más mínimo detalle, las obligaciones —como las consecuencias— que implica su incumplimiento. Así como en el sector privado existen principios generales —en ciertos casos, reglamentos estrictos que el trabajador deberá cumplir; caso contrario, será sancionado—, las cosas en el sector público son todavía más complejas y, en muchos casos, más estrictas.
Porque cualquier funcionario público que incumpla su obligación estatutaria no solamente podrá ser removido del cargo, sino inclusive denunciado en caso acuse injustificadamente a las autoridades a través de un programa radial, televisivo, etc. Con más razón si lo hace desde un medio extranjero, consciente de que aquello desprestigia internacionalmente al Perú. Por tanto, será merecedor de ser denunciado y debidamente procesado por el Poder Judicial.
Sin embargo, la todavía fiscal de la Nación Delia Espinoza no solo proclama procazmente lo que le venga en gana contra el Congreso del Perú, usando cuanto medio de prensa servil tenga a la mano (dispuesto a lo que sea, inclusive a actuar como portavoz oficioso de esta impresentable burócrata, sí, a cambio de ello, esta le garantiza protección frente a cualquier denuncia pasada, presente o futura ante el problema que sea). Apelando a su característica hipocresía, la fiscal de la Nación atenta contra nuestros poderes Ejecutivo y Legislativo; inclusive desde programas televisivos extranjeros. Como ocurrió la noche del viernes último, cuando Espinoza apareció, muy oronda, por la pantalla del canal CNN en Español. Lo hizo para despotricar contra el Congreso peruano por haber aprobado la ley de amnistía para policías y militares que lucharon por defender a nuestra sociedad de las huestes asesinas, sanguinarias de Sendero Luminoso y el MRTA, que desangraron nuestro país durante un cuarto de siglo. Allí, Espinoza calificó esta ley como “una bofetada a las víctimas” y una norma “absolutamente inconstitucional”.
Señaló, además, que el Congreso y la presidenta Dina Boluarte tienen responsabilidad “por aprobar una norma que vulnera tratados internacionales” (sin explicar causales), lo que es una farsa; agregando: “Las responsabilidades van a ir dándose de todas maneras”.
Quizá se refería a sanciones que, directa o indirectamente, ella patrocinaría próximamente contra el Congreso, a través de aquellos fiscales bajo su mando que —por mantenerse en el cargo y/o ascender por la escalera falsa, favorecidos por los servicios prestados a su jefa— presentarían las acusaciones que ella ordene; caso contrario, ipso facto serán despedidos.
Por este hecho, sí corresponde aplicarle la ley a la fiscal Espinoza, en cuanto esta precisa que “todo funcionario público que ‘incite’ a incumplir una norma” —arengar a terceros para que la califiquen como atentado criminal, es incitar— “incurrirá en infracción administrativa, ética; incluso penal. Por tanto, deberá ser sancionado”.
Sea como fuere, una fiscal de la Nación como Delia Espinoza, que se pasea por los medios de prensa tanto locales como extranjeros denigrando al Congreso de la República, no debe permanecer un minuto más en el cargo, sin perjuicio de que el procurador del Legislativo inicie acciones legales contra ella.
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