Fiscal y Defensor por deponer a la Presidenta Constitucional

En los últimos días, han coincidido con presentar al Congreso contra la Presidenta de la República: la fiscal Delia Espinoza, sumando 5 denuncias a las 19 ya presentadas, y el defensor Josué Gutiérrez, argumentos que justifican la vacancia o cualquier otra medida. Coincidente la declaración del actual presidente del Congreso, Salhuana, líder de la minería aurífera informal, negando su posibilidad presidencial. Por su parte, el congresista José Williams, expresidente ilegítimo del Congreso, sería elegido ahora nuevo presidente del Congreso para ocupar Palacio en reemplazo de la presidenta Boluarte como encargado.
Paralelamente, la estrategia de los partidarios de la legalidad: se anuncia ya, para el 2.º semestre, la visita del nuevo Papa peruano León XIV, y esta vez no solo estaría en el norte del Perú, sino reclamado en el sur, en la sierra y en Iquitos (Amazonía).
En estos días, la presidenta está solicitando permiso al Congreso para ir de visita oficial a Estados Unidos. Invitación formulada por el vicepresidente. Si no le otorgan el permiso, lo hará el mismo presidente Trump.
La presente situación es muy parecida a lo ocurrido entre el 7 de diciembre de 2022 al 1.º de marzo de 2023, en que la presidenta constitucional Boluarte era «una señora con banda presidencial viviendo en Palacio» que no le reconoce autoridad ni el cocinero de Palacio. Su amparo fue el apoyo internacional, la visita del embajador de Estados Unidos, portadora de la felicitación de su presidente, la visita oficial del cuerpo diplomático y visitas frecuentes de personalidades oficiales.
Por otro lado, no obstante que en las encuestas pagadas (IEP) le dan a la presidenta de 0 a 2 %, el país marcha más o menos bien. Mejor que Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, etc. Si bien ya hay cierta alteración social, es mínima, tal como se constata en los paros de transporte y en la zona minera de Las Bambas.
Lo que sí es gravísimo es la criminalidad, cuyo poder de intimidación ya supera abiertamente al del Estado: la “guerra” la está ganando la criminalidad.
Si tuviera algo de éxito el plan de la mayoría congresal, de la Defensoría y de la Fiscalía, es inevitable la explosión social que obligaría al gobierno de Boluarte y al JNE a restablecer la vigencia del partido ANTAURO: cualquier pronunciamiento del JNE está por encima de la Corte Suprema, pues esta última no ha cumplido con las precisiones del artículo 14 de la Ley de Partidos.

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