Fiscales y jueces políticos
En una reciente columna (10/09/2025, El Comercio), el constitucionalista Natale Amprimo describió como “anarquía judicial institucionalizada” al sistema actual. Señala:
"En el Perú, como lo constatamos a diario, muchos jueces no aplican la ley, sino que están sometidos a simpatías, ideologías, persuasiones y presiones de grupo. (...) Padecemos un desvío central que consiste en que el juez no aplica el derecho, sino su voluntad, convirtiendo el proceso en un instrumento ideológico. (...) Hoy, en la práctica, nuestro sistema no funciona ni como en el ‘civil law’ ni como en el ‘common law’; tenemos solo la voluntad judicial disfrazada de interpretaciones. Quizás por eso ciertos sectores, con muy poco apoyo popular en las elecciones, han optado por capturar el sistema judicial: los cambios normativos no los lograrían a través de leyes, sino de sentencias. Es más, poco importa quiénes ganen las elecciones y dominen el Congreso —donde, por naturaleza, se hacen las leyes—, pues será por intermedio del Poder Judicial que se controlará cualquier 'exceso' que no se encuadre dentro del esquema ideológico que se busca imponer".
Amprimo es clarísimo en su advertencia. Y es que, a estas alturas, resulta imposible negar la politización envenenada y la pugna constante por el control de niveles clave tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. La acumulación de hechos y evidencias es abrumadora: se ha apuntado a instalar impunidades selectivas con fines políticos evidentes. Incluso el timing —los tiempos sincronizados para activar ciertos casos o dilatar otros— de alto impacto mediático y político es notorio. A esto se suma la filtración dosificada de “pepas” extraídas de carpetas fiscales, convertidas en noticias calculadas, que han transformado el llamado “periodismo de investigación” en un periodismo de filtraciones dirigidas.
Se suele decir que estas denuncias provienen únicamente de la derecha política. No es así. Desde diversos sectores —incluso desde el periodismo tradicionalmente antiderechista— se ha venido advirtiendo sobre estas manipulaciones. Por ejemplo, Álvarez Rodrich y J. C. Tafur, entre otros, han acusado a fuerzas “progresistas” o caviares de haber instrumentalizado las instituciones de justicia con fines políticos e ideológicos. Tafur denuncia haber sido víctima de una “venganza” tras investigar irregularidades fiscales, mientras Rodrich advierte que el Ministerio Público y el Poder Judicial operan como actores políticos, afectando la legitimidad institucional y la confianza ciudadana. Ambos describen un sistema de “lawfare caviar”, donde la justicia se convierte en arma política (ver: “De impulsores a críticos del caviarismo”, M. Lagos, 19/07/2025, Expreso). No son, entonces, señalamientos que “solo provienen de los derechistas”.
La pregunta surge: ¿qué pasará en adelante en este terreno de disputas y manipulaciones? ¿Cómo concretar un cambio institucional profundo que instale un esquema de justicia nacional técnico, independiente y libre de inclinaciones particulares? Son objetivos difíciles, pero urgentes.
En 2026, los peruanos tendrán la oportunidad, vía voto, de renovar la legitimidad del Ejecutivo y el Congreso. ¿Cómo eliminar, entonces, la alta politización en el Ministerio Público y el Poder Judicial?
Actualmente, el Legislativo viene elaborando una propuesta de reforma integral del sistema de justicia —a través de la comisión presidida por la congresista María del Carmen Alva— que busca fortalecer la independencia en la designación y evaluación de jueces y fiscales, evitando la injerencia política y asegurando un funcionamiento institucional autónomo. Sin embargo, es evidente que los actos concretos en ese sentido corresponderán al próximo Congreso, incluso por una cuestión de tiempos.
El problema es que resulta altamente probable que los males parlamentarios actuales se dupliquen vía senadores y diputados pos-2026. Por ello, esperemos que los electores voten conscientemente para lograr un bicameralismo responsable, no autodestructivo, que impulse un cambio sensato y sostenible en los órganos de justicia.
* Columna dedicada a la memoria de la Dra. Luisa Ávalos, mujer de leyes que nunca dejó de creer en una justicia independiente.
