Fiscalía: ¡orden en la sala!
En agosto se cumplieron seis años desde que el fiscalete José Domingo Pérez decidió hacerse importante, permitiendo que José Alejandro Graña Miró Quesada y su primo queden libres de todo cargo, siendo culpables de una estafa perpetrada contra el país, asociados con Odebrecht, sobrevaluando presupuestos y facturaciones para estafar al Estado —vale decir, a usted, amable lector—, llevándose muchísimos millones de dólares a sus bolsillos y eludiendo las consecuencias legales de sus actos criminales.
¡La audiencia solo duró 15 minutos! Pérez anunció que no pediría prisión preventiva contra Graña Miró Quesada y su pariente, implicados en la mayor trama de corrupción de la historia del Perú.
Defendiendo al autor material de este latrocinio, el impresentable José Domingo Pérez Gómez se levantaba sonriente de su asiento durante una audiencia del caso Interoceánica Sur, el día 25 de agosto de 2019, diciendo: “Señor magistrado, el Ministerio Público desiste del requerimiento de prisión preventiva formulado contra los investigados José Alejandro Graña Miró Quesada (y su pariente), como autores del delito de lavado de activos en agravio del Estado”.
Fue así como Graña Miró Quesada y su primo evitaron la cárcel. Porque, precisamente, antes de esa sesión, la fiscal “Geovana” (¿?) Mori ya había manifestado que ambos se habían acogido a la colaboración eficaz en el caso Gasoducto. Tiempo después, el 31 de enero de 2022 —junto con su asociado, el fiscalete Rafael Ernesto Vela Barba—, el infausto Pérez Gómez suscribió un acuerdo secreto con la fiscal Mori, hecho público últimamente gracias al hábeas data promovido por el hombre de prensa Phillip Butters y el abogado Wilber Medina. “Estamos dispuestos a colaborar con la Fiscalía en este y otros casos”, comentó hipócritamente Graña Miró Quesada.
Pérez Gómez se ufana de su decisión, alegando que ambos delincuentes se comprometieron a colaborar con la Fiscalía, “renunciando a la reserva de su identidad”. Sin embargo, ni uno ni otro cumplió con este compromiso suscrito bajo juramento. Únicamente se dedicaron a proporcionar generalidades, previamente conocidas, corroborando la ilegitimidad del “acuerdo de colaboración eficaz” que liberó —de todas sus corruptelas y latrocinios— a José Alejandro Graña Miró Quesada. Este “pacto secreto”, firmado por Graña MQ con el fiscalete Pérez Gómez, es nulo porque Graña jamás entregó la información “prometida” respecto a pagos ilícitos y sus vínculos con funcionarios públicos involucrados.
Por fortuna, en febrero de este año los fiscaletes Pérez Gómez y Vela Barba fueron denunciados por encubrimiento y organización criminal. El fiscal supremo, José Timarcho, abrió proceso por concesión de impunidad indebida a Odebrecht, aunque sin pedir prisión preventiva ni presentar acusación formal; proceso que está en nada. No obstante, esta semana ha sido designado fiscal de la Nación el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, crítico histórico de Pérez y Vela, a quienes acusa de haber favorecido a Odebrecht y sus socios corruptos. Debido al corto tiempo que lleva en el cargo, este correcto fiscal aún no ha adoptado medidas concretas.
Este episodio, amable lector, confirma que la colaboración eficaz puede ser utilizada como herramienta de impunidad, cuando no existe control externo.
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