Fiscalicemos a las ONG

Debiera ser la oportunidad para que el Perú recobre el Estado de derecho y reponga la virtud del sistema democrático que mantuvo incólume, hasta que lo perforó la corrupción con Alberto Fujimori; y siguieron taladrándolo Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Si bien el común denominador en todos esos casos fue la corrupción, igual o peor que ella es la triple alianza entre la mafia caviar, las ONG y la izquierda internacional y criolla.
Salvo el período 2006-2011 gobernado por Alan García, durante este siglo el Perú ha vivido ahogado entre dos pozos sépticos: el expolio de Odebrecht y la podredumbre del sistema de justicia que nos ha diseñado un tal Gustavo Gorriti, corrompiendo a jueces y fiscales bajo la telenovela de financiarles “la capacitación profesional para aplicar la ´nueva justicia´”. Vale decir, fantasiosas teorías elaboradas por el comunismo del tercer milenio, envueltas bajo seudoconquistas sociales como el gayismo, el unisexualismo, el transexualismo; así como por leyes para controlar el cambio climático, la defensa de derechos humanos y cuantas ideas atrajeran a las masas rojimias de estos tiempos. “Conceptos”, alegan las ONG, “que exigen una profesionalización particular de los operadores de justicia”. Para ello, las ONG apelaron al jerarca transnacional Soros, un magnate relacionado a grandes capitales y gerifalte de Gustavo Gorriti, el alfil del mundillo de las ONG peruanas que viven medrando a grandes capitalistas ligados a la vez a megaempresas como Odebrecht. Por cierto, estas gigantes contratistas crecen —por su influencia político-judicial— erigiendo obras monumentales a precios estrambóticos que pagan los pueblos. Para conseguirlo, distribuyen comisiones a los jerarcas politiqueros de cada país, bajo supuestos sobrecostos que incorporan a “presupuestos” fabricados por gobernantes tramposos, adicionándoles eufemismos como gastos “extraordinarios” que, mansamente, pagan los ciudadanos de países corrompibles como el Perú.
Semejante descomposición socioeconómica/política/ética de nuestra democracia surge de las ONG. Porque, tras colapsar el Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, si bien las ONG continuaron como barreras al comunismo y prodemocracia, pronto se transformaron en promotoras de la corrupción. Tanto que colaboran con el corporativismo transnacional, impulsando empresas corruptas como Odebrecht. Como hizo Gustavo Gorriti, esbirro de Soros, alegando que “los accionistas y ejecutivos de Odebrecht han cambiado y ahora, bajo otro nombre, rechazan la corrupción”, demandando que “el Perú vuelva a contratarla”.
Pero esa engañifa comunista va cumpliendo su ciclo. Particularmente, debido al éxito de la China moderna y a la próxima asunción a la presidencia de EE. UU. de Donald Trump. Ello implicará un durísimo golpe para las ONG. Consecuentemente, el futuro gobierno peruano —que surgirá de las elecciones de 2026— debiera aprovechar aquello para enderezar este país. Comenzando por impulsar una razzia en el sistema de justicia (Poder Judicial y Ministerio Público), así como fiscalizar estrictamente las finanzas, las metas y relaciones del Estado con las ONG.
Sería imperdonable no aprovechar la ocasión para que el Perú vuelva a ser aquel país exitoso que redujo dramáticamente la pobreza y sobresalió como una de las principales economías latinoamericanas.

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