Formalización laboral como política de Estado

La informalidad laboral es uno de los principales desafíos del país. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al cierre del 2024, solo el 29.1% de los trabajadores tenía un empleo formal. El 70.9% restante se encontraban en situación de informalidad, lo que equivale a más de 12 millones 300 mil de personas sin acceso a beneficios básicos.
Esta elevada tasa no solo refleja una profunda desigualdad en el acceso a los derechos laborales, limita también el crecimiento económico sostenible del Perú y la capacidad del Estado para recaudar ingresos fiscales necesarios que financien obras de infraestructura y servicios públicos de calidad.
La informalidad laboral no es solo un problema del gobierno de turno, es una responsabilidad del Estado peruano, por ello, es urgente que quienes postulen a la presidencia de la república o al congreso, y sean elegidos, asuman el compromiso de revertir esta situación con políticas sostenibles en el tiempo que trasciendan sus ideologías partidarias.
Sectores como la agroindustria demuestran que sí es posible generar empleo formal de manera intensiva y descentralizada. Según el CIEN-ADEX, esta actividad generó 1 millón 948 mil puestos de trabajo en el 2024, de los cuales 621 mil 791 fueron directos, consolidándose como uno de los motores más eficientes del país.
Un hito clave en este logro fue la Ley Nº 27360, Ley de Promoción del Sector Agrario, promulgada en el año 2000, que estableció un régimen especial orientado a incentivar la inversión, la formalización y la generación de empleo. Aunque fue derogada en el 2020, su impacto positivo es innegable.
En 1978 también se puso en marcha la Ley Nº 22342, régimen especial para las empresas exportadoras no tradicionales, que reflejó la intención del gobierno de ese entonces por articular políticas promotoras de la competitividad con la generación de empleo formal. Este marco se mantiene en lo sustancial, aunque experimentó algunas modificaciones.
En diciembre del 2023 se promulgó la Ley Nº 31969, Ley que impulsa la competitividad y el empleo en los sectores textil, confecciones, agrario y riego, agroexportador y agroindustrial; sin embargo, está pendiente unas modificaciones en su reglamento, para que realmente pueda reactivar la economía, el crecimiento sostenible y la generación de empleo en estos sectores clave.
En definitiva, la formalización no solo mejora la calidad de vida de los peruanos, también fortalece la institucionalidad, la productividad y la recaudación fiscal, objetivos que apoyamos desde el sector privado y consideramos que debe establecerse una política de Estado, alejada de los vaivenes políticos que lamentablemente hemos sufrido en el pasado.
La formalización laboral es uno de los grandes desafíos pendientes, pero no es un obstáculo que no se pueda superar. Con voluntad política, un enfoque sostenido en el tiempo y la colaboración entre el sector público y privado, podemos transformar este reto en una oportunidad para generar empleos dignos, reducir la desigualdad y construir un futuro más justo para todos los peruanos.
La historia ha demostrado que, cuando el Estado se compromete a generar las condiciones adecuadas, el tejido productivo responde con crecimiento, inversión y progreso.

*Presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX)

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