Fracaso final de la mayoría congresal e incoherencia de la Presidenta de la República

Esta mayoría congresal, representativa del Perú foráneo que viene con Pizarro desde 1532, está colapsada. A 80 días de terminar la Legislatura Ordinaria en curso, esta mayoría congresal pretende culminar la modificación de la Constitución de manera que le permita la “victoria” en las elecciones regionales y municipales de 2025 y en las elecciones generales de 2026. Desde 2016, con PPK versus Keiko, no han conseguido una sola victoria hasta ahora.
Hace unos meses, esta mayoría creyó haber logrado, mediante una ley, el cese de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en enero de 2025 y su reemplazo por otros, nombrados en concurso por una comisión especial. La Constitución prohíbe que los poderes constitucionales puedan ser cancelados por ley. Solo permite su reforma, no por ley sino por votación, con mayoría absoluta en el Pleno, ratificada en otra legislatura por referéndum nacional o por mayoría calificada de 2/3 (87 votos), repetida en 2 legislaturas sucesivas.
Ahora, pretenden aplicar el mismo procedimiento al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la propia Presidenta de la República. Inimaginable tan audaz despropósito jurídico, solo explicable por la erosión moral y el cinismo de sus líderes, así como por la erosión intelectual de la población nacional, pues se han suprimido los cursos de Historia y Geografía del Perú, Educación Física e Instrucción Premilitar. Está prohibido estudiar el Perú.
Esta mayoría congresal ya fracasó porque en estos 80 días de legislatura no podrán hacer nada. Está proclamado el fin de la era del capitalismo salvaje. Las 10 potencias mundiales cuyas empresas respetan su tributación y la verdad ante su Estado, también deben hacerlo en el extranjero. En Estados Unidos se llama “prohibición de prácticas corruptas en el extranjero”; tiene otros nombres en otros países.
En el Perú, las transnacionales siguen cometiendo fechorías con la complicidad del Congreso y del gobierno, que representan un Perú alienado. Resulta inexplicable que la presidenta Boluarte permita que las transnacionales no paguen los más de 8,500 millones de dólares que adeudan al Perú, y que permita la exportación de concentrados de cobre, incurriendo en traición a la patria (artículo 38 de la Constitución).
Esta incoherencia de la presidenta Boluarte contrasta con la firmeza que muestra con el salvataje de Petroperú. Esto significa que Boluarte debe demandar a las sucursales de las transnacionales por los abusos que están cometiendo, ya sea en los tribunales peruanos o, con más contundencia, en el país de origen de la transnacional.

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