Gobierno sin poder de reacción

El Poder Ejecutivo ha perdido la brújula para combatir la delincuencia con políticas públicas efectivas. Decretar estado de emergencia ha sido un saludo a la bandera; las extorsiones, los asesinatos, los robos y el pago de cupos siguen imperando.
Panaderos, bodegueros, mercados del Cono Norte, choferes de transporte urbano y dirigentes de la CGTP suspendieron sus servicios ante la ineficacia de las medidas del Gobierno para enfrentar a la criminalidad.
Hasta los comerciantes de Mesa Redonda y Polvos Azules se sumaron al paro de los transportistas, ya que se ven afectados ante la inseguridad que enfrentan. Universidades, institutos y colegios tampoco abrieron sus puertas; las clases fueron virtuales.
Mientras tanto, en Independencia y Villa María del Triunfo, los extorsionadores dejaron granadas de guerra en ferreterías y paraderos de combis.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, minimizó el paro de transportistas, afirmando que: “Son informales y tienen intereses políticos”. Una cosa es ser presidente de la PCM y otra muy diferente es ser vendedor de humo. La ciudadanía, al margen de cualquier ideología política y/o estrato social, ya se cansó de la inoperancia del Gobierno, y un claro ejemplo es Vladimir Cerrón: un año y no lo ubican. ¿Si no pueden ubicar y capturar a una persona, cómo van a combatir a las bandas criminales?
Hay que recordarle a la inquilina de la Casa de Pizarro que lleva poco más de 90 días sin hablar con la prensa. Criticar su gestión no es “terrorismo de imagen”, es informar a la opinión pública del rosario de denuncias que ella tiene y de las evasivas a los medios de comunicación social para declarar.
Que afirme cantinflescamente que hay que luchar contra “una nueva amenaza en el mundo: la guerra de las mentiras” es ridículo. Empecemos por sus relojes Rolex y todas las versiones que dio: el “cofre”, lo de su hermano, etc.
Queridos amigos, la cruda realidad es que estamos inmersos en un tsunami delincuencial, donde no existe una política pública de seguridad ciudadana. Sería bueno que los discursos que le preparen a Boluarte los hagan realmente verdaderos periodistas, especializados en estrategias comunicacionales, para que la mandataria no afirme tanta bravata o disparate.
El Código de Ética Periodística preceptúa en el artículo 9 que “El periodista está obligado a”, inciso a: “Respetar el derecho de toda persona a su intimidad. La vida privada es inviolable, salvo el caso extremo de bien y necesidades públicas. Ellas son patrimonio moral del titular y de su familia. Quien tiene cargo público no está exceptuado de ser objeto del legítimo derecho a la información y de crítica, de parte de la prensa, si con su conducta pone en riesgo o desprestigia sus deberes de función”. Creo que más claro es imposible: una cosa es ser periodista y otra muy diferente es convertirse en lacayo o adulón del poder de turno.
En vez de pretender criminalizar al periodismo, avóquese a responder ante el Ministerio Público. Nosotros, como periodistas, tenemos el deber y la obligación moral de decir las cosas como son, y eso se llama libertad de prensa y libertad de pensamiento. No nos escondemos en el cargo fantasmal de un vocero palaciego que viola la Constitución Política, donde el Artículo 123 contempla que “Al Presidente del Consejo de Ministros, quien puede ser ministro sin cartera, le corresponde”, inciso 1: “Ser, después del Presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno”.

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