Golpe al Congreso
La resolución de una sala de la Corte Superior de Justicia, ordenando reponer en sus cargos a los doctores Inés Tello y Aldo Vásquez, integrantes de la JNJ, es prevaricadora y constituye un burdo golpe al Parlamento, porque desconoce su independencia y prerrogativas en asuntos de su competencia exclusiva y excluyente, como ha sostenido el Tribunal Constitucional y todos los juristas expertos en la materia.
La sentencia, en efecto, dispone la nulidad del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ordena al Pleno que se abstenga “de incurrir en el futuro en las mismas infracciones en el ejercicio de los derechos fundamentales amparado en esta sentencia, bajo apercibimiento de denunciar penalmente a los integrantes que los cometieran”.
Ese amenazador fallo vulnera el artículo 93 de nuestra Carta, que establece que los congresistas “no están sujetos a mandato imperativo” y “no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones”.
Una intromisión como la que comentamos es de extrema gravedad, que afecta el principio de la autonomía funcional de los poderes del Estado, y, por tanto, el órgano de control de la magistratura debe iniciar un proceso de investigación a los jueces responsables de esa ilegalidad.
Sin embargo, no lo hará, porque forma parte de la misma cofradía, de un bloque interinstitucional que durante largo tiempo actúa concertadamente.
Así lo demostraron al disponer el retorno de la Fiscal Suprema Zoraida Ávalos, inhabilitada cinco años por no investigar al corrupto y fallido golpista Pedro Castillo.
La señora Ávalos, empero, retornó muy campante a su puesto y fue recibida con un folklórico pasacalles con el entusiasta lanzamiento de flores de sus subalternos.
Avasallar al Congreso es una práctica que se repite. Recordemos que el 2021 el Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió una acción de amparo para suspender la elección de seis magistrados del TC; sin embargo, hasta donde conocemos ninguno de los autores de ese legicidio ha sido sancionado, lo que significa que la impunidad también es un escudo o blindaje protector para quienes infringen las leyes.
La separación de poderes, en que cada estamento –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– desempeñen funciones específicas y actúen con independencia, sin injerencias externas, para garantizar los derechos ciudadanos y “evitar las tiranías y el abuso del poder”, fue preconizado desde 1748 por el Barón de Montesquieu en su célebre libro El Espíritu de las Leyes, texto que al parecer no han leído algunos miembros de la judicatura que intervienen sistemáticamente en las decisiones del Parlamento.
Hay que decirlo claramente: el sistema de justicia está semidestruido no sólo por los hechos narrados sino porque fiscales y jueces han criminalizado la política; han abusado de las prisiones preventivas, utilizado forzadamente la figura de organización criminal y filtrado documentos de las carpetas reservadas.
Al mismo tiempo, se resisten a deslacrar los teléfonos de personajes públicamente cuestionados como el siniestro coronel Colchado, el mediocre fiscal Rafael Vela Barba, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas y el vocal supremo Pablo Sánchez, entre otros hasta hoy intocables.
La barbarie en la aplicación de la justicia no puede ser tolerada porque, en esencia, no solo violenta principios consagrados en la Carta Fundamental sino que impacta en asuntos vinculados a los derechos humanos, uno de los valores universales que vinculan a las sociedades libres y democráticas.
La pregunta de fondo es ¿cómo pueden administrar justicia quienes la escarnecen? ¿Qué garantías tenemos los ciudadanos para que no nos pase encima una aplanadora judicial que, además, acumula miles de procesos sin resolver y que demorarán larguísimos años en culminar?
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