¡Golpe a la vista!

¡Deja vu! En tiempo y forma se repite esa monserga del paro politizado que amenazan con materializar los transportistas. En octubre del año pasado, la Unión de Gremios de Transporte Multimodal decía esto: “Tenemos una reunión con todos los gremios a nivel nacional. Vamos a consensuar la fecha prevista del 23 de octubre para acatar el paro”. A su vez, el primer ministro Gustavo Adrianzén replicó: “Esa protesta es una forma de hacer activismo político. Quieren desestabilizar al gobierno”, y agregaba: “Atrás de esta amenaza estarían Pedro Castillo y Antauro Humala (…) Que no se venga aquí a decir que no estamos frente a una convocatoria de naturaleza política. No es una protesta gremial, como en un momento se habló con motivo de los asesinatos que sufren los trabajadores del transporte público. Estamos lejos de esa reivindicación gremial, laboral y sindical; hoy vemos que unos políticos oportunistas se han aupado a esta protesta”. Esto denunciaba desde entonces el premier Adrianzén.
Es más, el año pasado ese mismo gremio de transportistas acudió a la OEA para denunciar sendas violaciones a sus derechos. Asunto que nunca fue ventilado acá. Igual hacen hoy los transportistas, alegando que “El Poder Ejecutivo y el Congreso de la República del Perú vienen realizando reformas políticas que buscan garantizar impunidad para las bancadas políticas y sus miembros”. Repetimos entonces: las estrategias son iguales; lo mismo que las fechas. Ambos casos ocurrieron en octubre. Por último, el objeto es idéntico: forzar el acceso a la presidencia de la República de algún miembro de la mafia caviar, en contubernio con la ultraizquierda. Se trata, pues, de una intentona política para remover a una mandataria constitucionalmente establecida, apelando a un método inconstitucional. Pedro Castillo fue removido constitucionalmente -por golpista y corrupto- y reemplazado por la única vicepresidenta electa, Dina Boluarte. Una operación impecable. Sin embargo, los caviares, aliados con el terrorismo, ahora pretenden remover a la presidenta Dina Boluarte sin causal válida. Por esto resulta muy válida y oportuna la advertencia que hiciera el año pasado el primer ministro Gustavo Adrianzén sobre el injustificado reclamo de los transportistas: “Esa protesta es una manera de hacer activismo político. Quieren desestabilizar al gobierno”. Pues esto mismo está ocurriendo hoy; pero a diferencia de lo sucedido con el relevo presidencial del 7 de diciembre de 2020, hoy no existe causal de vacancia. Exclusivamente hablamos de un putsch violentista -en esto tiene razón el primer ministro Gustavo Adrianzén- manipulado por la dupla terrorismo-caviares que persevera en acceder al poder, insistimos, por la puerta falsa.
Por último, la OEA no tiene nada que hacer en este embrollo. Ni tampoco con aquellas denuncias que fabrica la izquierda caviar en connivencia con sus aliados de la ultraizquierda de Sendero Luminoso. Acá lo que hay, repetimos, es un golpe de Estado encubierto bajo un reclamo de los transportistas, transformado en arma arrojadiza para remover al gobierno de Dina Boluarte e instalar un régimen izquierdista espurio que la mafia caviar intentaría beatificar con los espurios santos óleos de la OEA.

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