Golpismo judicial: siniestra modalidad
El desgobierno avanza vertiginosamente mientras crece la descomposición del país de manera exponencial. La presidenta Boluarte ha perdido el norte, y el Perú camina a pasos acelerados a un escenario bastante conocido. El vacío de poder es manifiesto. El crimen organizado conoce esto; además, cuenta con infinitos recursos para solventar su reafirmación como fuerza alternativa, amagando los afanes del Estado por mantener el orden constitucional. Asimismo, estas fuerzas exógenas criminales exacerban a nuestra población a salir a las calles —como carne de cañón— incitando por cualquier pretexto a destruir nuestras ciudades y tener secuestrado al Estado a cualquier costo.
La gravísima coyuntura por la que atraviesa el Perú no es fruto de la casualidad ni de la improvisación. Es un proyecto minuciosamente planificado por especialistas en armar revueltas con algaradas violentistas, revestidas de protestas sociales. ¿El objeto? Provocar la represión estatal usando una fuerza pública cada vez más débil y deprimida, denunciando automáticamente el maltrato ciudadano ante la CIDH. El “plan” cuenta con el incondicional respaldo de organismos transnacionales, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y, sin la menor de las dudas, viene estructurado por centros neurálgicos de inteligencia especializados en el secuestro político de países tercermundistas. Nos referimos al clásico modelo cubano urdido en los años sesenta. Y hablamos, fundamentalmente, del servicio de inteligencia de La Habana, cuyo fundador, Carlos Rafael Zamora, alias “el Gallo”, hace cuatro años sigue fungiendo de embajador cubano en nuestro país, habiéndolo recorrido de norte a sur y de oeste a este. ¿Cómo? Siempre acompañado por “dirigentes sociales” peruanos, “por pura coincidencia”, presentes en toda algarada social que haya confluido en violentos “reclamos” politiqueros contra la democracia peruana, originando muertes, hondo malestar colectivo y una peligrosa inestabilidad socioeconómica. Y a la vez, causante de tensiones y de sucesivos enfrentamientos para desgastar a los gobernantes —y abrir espacios para que las fuerzas extremistas exacerben la confrontación política trajeadas de vírgenes— y así, finalmente, capturar nuestro Estado. ¡El modus operandi siempre es el mismo!
Hoy el turno es de la minería. Particularmente la aurífera informal, que moviliza miles de millones de dólares negros a vista y paciencia de las autoridades; exacerbando a los sicarios de su organización criminal para poner de cabeza al Estado con armas potentes y apoderarse de riquísimas zonas auríferas en el norte del país.
Estamos asistiendo a lo que podría ser la agonía final del régimen que preside Dina Boluarte, absolutamente incapaz de gestionar este país debido a su mediocridad y la de todos sus acompañantes. Si a esto agregamos el secuestro del Poder Judicial y del Ministerio Público, comprenderemos por qué nuestro país es ahora una nación al garete, jaloneada por fuerzas espurias corrompidas como esa minería ilegal que maneja billones de dólares al margen del Estado. Ello, gracias a su complicidad con jueces y fiscales encaramados en un proyecto fraguado por la camorra caviar para gobernarnos desde aquellas inmundas cavernas procesales de los gorritis y demás miserables, responsables de haber urdido esta nueva variedad de golpe de Estado.
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