Graves consecuencias del referéndum de Vizcarra
¿Para qué sirvió aquel referéndum antidemocrático del traidor Vizcarra? Para disimular –y justificar- su manifiesto golpe de Estado, después de clausurar el Congreso y dirigir transitoria, dictatorialmente el país vía decretos de urgencia; bajo la falacia: un referéndum para “mejorar la democracia” que, según dijo, “la había devaluado el fujimorismo”. Hablamos del “referéndum” donde manipuló al pueblo para: 1) Sustituir el Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia; 2) Aprobar/desaprobar el financiamiento a los partidos políticos; 3) Aprobar/desaprobar la reelección de los legisladores; y 4) Aprobar o desaprobar la bicameralidad. A la luz de las consecuencias, amable lector, es evidente que lo único que cosechó aquel “referéndum” de Vizcarra fue mayor desgobierno, debilitar la democracia, y dilapidar dinero del pueblo; regalándole millones a cuanto títere con cabeza se le ocurra formar lo que acá les decimos “partidos políticos”. ¡En rigor una mera etiqueta que sirve de vientre de alquiler, y opera solo para satisfacer intereses personales del “promotor del partido”! En consecuencia, desmejora la calidad de quienes postulan a la presidencia de la República y/o a una curul legislativa, y resquebraja sensiblemente nuestra vida democrática. Pero claro. Vizcarra también montó la escena del “referéndum” para echarle tierra al cúmulo de escándalos que le perseguían. Como el affaire con ese sujeto Richard “Swing”; o hacerse vacunar no una ni dos, sino tres veces en secreto; o adquirir solo “pruebas rápidas”, en lugar de moleculares, propiciando así la muerte de 200,000 seres humanos a quienes, además, antes había dejado sin oxígeno y sin camas UCI de puro miserable y corrupto que es.
El caso del cambio de nombre “Consejo Nacional de la Magistratura” por “Junta Nacional de Justicia” fue otro dolo. ¿En qué se diferencian? ¡Repetimos, más burocracia! Pero, por ejemplo, la ineficiencia –y sobre todo la corrupción- al interior del poder Judicial sigue a tope. A tal punto que ha tenido que intervenir el Tribunal Constitucional para poner coto a una corruptela inaugurada después del “referéndum” de marras. Estamos refiriéndonos a la mala praxis de algunos jueces que, vía medidas cautelares, detienen el trámite de lo que se le ocurra a Juan Pueblo sin que medie fecha de caducidad. Siempre y cuando Juan Pueblo sea amigo de un magistrado. ¡O de jueces temporales o supernumerarios! Esos a los que calumniaban los caviares durante el régimen Fujimori, y hoy se multiplican exponencialmente con el silencio cómplice que les garantiza aquella Junta de Justicia pletórica de caviares.
Ejemplo, el juez John Paredes Salas, quien lleva más de cuatro meses sin resolver la apelación de una fiscal, sobre un amparo que admitió dicho juececillo para bloquear la acción constitucional del Congreso de nombrar al Defensor del Pueblo, tras la renuncia de Walter Gutiérrez. ¡En este caso, hablamos de un juececito “supernumerario” que le ha impedido al Congreso desempeñar sus funciones constitucionales! Igual pasó con el Colegio de Abogados, al que otro juececito, probablemente marxista, le impidió que designase a su delegado ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¡Sospechosamente, ganó las elecciones un comunista!
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