Guerra avisada sí mata gente…

Sobre la inseguridad ciudadana hay cosas que se pueden controlar con medidas de prevención como el caso de la migración venezolana a nuestro país que suma actualmente una población de aproximadamente millón doscientos mil venezolanos que, huyendo de su país, se asentaron en el nuestro. Era lógico pensar que estas personas no venían con grandes capitales sino con lo mínimo necesario para subsistir y crearse un espacio de crecimiento en el Perú y, por ende, que podían caer fácilmente en manos de la delincuencia organizada que venía infiltrada con ellos, llámese Tren de Aragua o lo que sea cuyo primer blanco estaba constituido por las mujeres a quienes empezaron a obligar a prostituirse distribuyéndolas por diferentes zonas urbanas entrando en guerra con otras organizaciones que ya tenían el control de las mismas, de modo que los soldados armados que sostenían esta guerra son los conocidos como sicarios cuyos servicios se fueron extendiendo por su abaratamiento para hacer efectivos cupos, agresiones físicas y asesinatos. Lo demás es conocido, ya dueños de sectores de amplias zonas urbanas comenzaron a extorsionar a todo aquel que tenía un negocio, tanto es así que hasta el vendedor de periódicos, los carretilleros, los mototaxistas, los emolienteros, es decir, los más pobres que buscaban sobrevivir con un trabajo honrado de emprendimiento esforzado, tenían que pagar un cupo semanal a las mafias, las que también, especialmente los colombianos, entraron al negocio del préstamo gota a gota con entregas de montos pequeños de dinero que luego se incrementaban con intereses gigantescos e impagables por parte de los deudores a quienes también se enviaba sicarios.

Como cantaba Héctor Lavoe, “la calle es una selva de cemento”, con miles de pedros navajas que imponían su salvaje ley de sangre y muerte a vista y paciencia de gobiernos corruptos, blandengues, cobardes y cultores de un concepto de derechos humanos que beneficia en todo a los delincuentes y sanciona en todo a los agentes del orden. Tenemos un Estado que libera delincuentes, dicen que por criterios penales garantistas y que encarcela a los agentes del orden, dicen que por el uso excesivo de la fuerza sin darse cuenta de que la fuerza delincuencial ha superado la capacidad de fuerza de represión.

La consecuencia se veía venir y este martes los pobladores de La Victoria y de El Agustino, casi todos pequeños emprendedores, se organizaron en grandes turbas y declararon una guerra a muerte a los que ellos llaman “chamos” extorsionadores, pero ya en un espectro en el cual no se distingue a los venezolanos buenos de los malos, escuchando gritos de guerra a muerte contra los venezolanos a quienes daban tres días de plazo para irse de la zona o los echaban violentamente. ¿Qué pasará si ocurre lo mismo en San Juan de Miraflores, San Martín de Porres y otros lugares de Lima y del Perú? La violencia está desatada más que nunca.

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