Guerra avisada
En respuesta a las declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk —quien ha calificado la Ley de Amnistía aprobada por nuestro Congreso como “un retroceso para la justicia y la verdad”—, el Gobierno peruano decidió defender nuestra soberanía y el derecho que proclama nuestra Constitución “para decidir su propio camino político y jurídico”. Esto lo hizo por boca del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez Antúnez, quien asumió la representación del país durante el 60.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrado en Ginebra (Suiza).
Santiváñez empezó subrayando que nuestro país “mantiene un compromiso firme con la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales”. En esa misma sala, donde solo momentos antes el Alto Comisionado Türk había lanzado duras críticas a nuestro país, Santiváñez abundaba: “todos los pueblos tienen derecho a su libertad, a su independencia, a su autodeterminación, y a construir su propia historia, sin importar injerencias de ningún tipo”. No solo eso, sino advirtiendo que “las respuestas brutales” —referidas a las palabras que pronunciara el mencionado Comisionado Türk— “no hacen sino provocar mayor desapego, tensión y violencia”, respecto a la coyuntura actual por la que atraviesa nuestro país.
Estas palabras, tomadas como advertencia —así lo informaba ayer EXPRESO—, no hicieron sino profundizar aún más el malestar en aquella Asamblea, generando un ambiente de “advertencia” hacia la posición peruana. Nos imaginamos que, frente a las crudas palabras del ministro Santiváñez en esa suerte de templo de “corrección política”, aquello resonó como un verdadero anatema, produciéndole urticaria a la mayoría de los asistentes.
Santiváñez, como representante del gobierno que preside Dina Boluarte, presumiblemente trató de remarcar la autonomía del régimen peruano, tanto en la toma de decisiones como por el riesgo de no adoptarlas, reiterando que todo “está amparado dentro del marco de la Constitución y las leyes peruanas”.
En particular, como indudablemente habría sido su propósito, Santiváñez se abocó a defender la norma que otorga amnistía a militares, policías y civiles vinculados a la lucha contra el terrorismo —que se desarrolló entre los años 1980 y 2000—, para lo cual puso énfasis en que la ley fue aprobada por el Congreso como respuesta “al terrible ataque del terrorismo” —refiriéndose a aquel cuarto de siglo de brutal, sanguinario ataque que sufrieron el pueblo y la democracia peruana—, lo que “provocó un gran sufrimiento que aún no logra cicatrizarse”.
El titular del Minjusdh también anunció que el Perú seguirá cooperando con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, con el propósito de fortalecer los derechos humanos. Aunque comunicó, oficialmente, que “sigue abierta la posibilidad del Estado peruano de revisar la permanencia de nuestro país en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sobre todo tomando en cuenta las últimas consideraciones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Esta última parte, muy probablemente, haya sido el leitmotiv de la presidenta Dina Boluarte para enviar a Ginebra a su ministro del Interior, a transmitir sus pretensiones. Guerra avisada.
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