Gustavo Petro en cuenta regresiva

Gravísima la confesión de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, en el sentido de que parte del dinero que se le ha hallado –ha sido acusado por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y violación de datos personales– tuvo como destino servir para la campaña electoral que llevó a la jefatura del Estado a su padre.

La afirmación del primogénito del mandatario que, de un lado, supondrá para éste una imputación penal que seguirá su cuerda en los fueros de la justicia colombiana, en realidad confirma, de otro, una realidad insostenible política y jurídicamente para el presidente de la República y que lo pone, de confirmarse por el acto judicial demostrativo al cumplir el primer año de su mandato, al borde de la pérdida de la más alta investidura política a que un ciudadano podría aspirar en la nación cafetera.

La Constitución de Colombia es muy clara al señalar expresamente en su artículo 109° de que “…Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo…”.

Aunque el presidente Petro haya dicho en un reciente comunicado que personalmente le duele todo lo que está aconteciendo alrededor de su hijo, lo cierto es que el dolor pasará, y en cambio, la responsabilidad política y jurídica, comienza.

En efecto, por el desarrollo de los sucesos que van destapándose sin detención ni control, unos tras otros, a partir de las declaraciones del hijo –más parecen vertidas en acto de desesperación para no ir a la cárcel–, que parece poco probable que pudiera contar siquiera con alguna modalidad de acto permisivo por la justicia de su país, todo indica que el presidente ha iniciado el final de su permanencia en el cargo y no exagero.

Hay una montaña de evidencias recogidas por la fiscalía colombiana que van a terminar cercando al presidente que por cierto ya no resulta creíble a la opinión pública de su país, a la hora de hablar de lucha contra la corrupción y combate al narcotráfico, tal como quiso dejarlo entrever en su presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en setiembre de 2022.

El caso de su exjefa de Gabinete y de su exembajador en Venezuela, de hace muy pocas semanas, habrían sido los peldaños preambulares de este momento político para el presidente que parece confirmarse como uno serio de punto de quiebre y en cuenta inexorablemente regresiva.