Habló fuerte el PJ
Como dice ese viejo refrán, tanto va el cántaro al agua, que al final se rompe. La Sala Plena de la Corte Suprema del Poder Judicial le salió al frente al Congreso de la República para recordarle que ambos poderes se merecen respeto y están revestidos constitucionalmente de independencia y autonomía, por lo que el otrora considerado primer poder del Estado debería tener mayor cuidado en aprobar sus iniciativas legislativas sin afectar las funciones ni los fueros del PJ, que se ha sentido, en muchas oportunidades, atropellado.
En un severo y contundente pronunciamiento, los jueces supremos pusieron los puntos en las íes frente a un conjunto de normas aprobadas desde el Congreso que tienen que ver con el sistema de justicia, mal elaboradas, carentes de rigor técnico, claramente improvisadas, que lejos de resolver los problemas que las motivan, generan más confusión y desorden que terminan favoreciendo a quienes deberían permanecer en la cárcel o ir a ella, como ha ocurrido últimamente.
Y muy significativa la presentación de los jueces supremos de la Corte Suprema, encabezados por su presidente, Javier Arévalo, en el Salón de Juramentos del PJ, para dar a conocer el pronunciamiento redactado con limpieza y corrección jurídica, en el que anunciaron haber conformado una comisión institucional “para analizar las leyes promulgadas, tomar las acciones correspondientes y adelantar una línea de reformas razonables”.
Los magistrados dieron cuenta de que en la legislatura que concluyó esta semana, el Parlamento había aprobado varias leyes que afectan el quehacer de jueces y fiscales en materia penal y procesal, así como la conformación de comisiones “exclusivamente parlamentarias” que tienen el propósito de elaborar propuestas para una reforma integral del sistema de justicia y un nuevo Código Penal, lo cual resulta insuficiente si no cuenta con la participación de entendidos en la materia. Los magistrados alertaron del peligro de todo ello, debido a que está pensado “sin la imprescindible reflexión y vocación de consenso” de los demás poderes, colegios de abogados y la academia, a pesar de ser asuntos “que comprometen la formulación, interpretación y aplicación de las leyes y la propia institucionalidad del ordenamiento judicial, piedra angular del Estado Constitucional”, según han destacado los medios de información independientes.
“El Poder Judicial hace un llamado de atención a los poderes públicos y a la colectividad para evitar la afectación de la independencia judicial y que se promueva una política legislativa acorde con los valores democráticos”, se precisó en el pronunciamiento, para luego enfatizar correctamente que “los grandes cambios que requiere el sistema de justicia no pueden realizarse excluyendo al Poder Judicial y justificando veladamente el intervencionismo al sistema de justicia, que nada bueno traería consigo, como lo demuestra nuestra propia historia institucional”.
Entre algunas de las normas controvertidas que motivaron la reacción firme del colegiado del PJ figuran la que permite a la Policía Nacional del Perú realizar las investigaciones preliminares, limitando las competencias del Ministerio Público; las modificaciones realizadas en el Congreso a la figura del crimen organizado, que terminaron por generar mayores problemas en los hechos; asimismo, la que eliminó de plano la detención preliminar en casos de no flagrancia, lo cual ha terminado por favorecer, en poco tiempo, a los investigados.
Por otra parte, esta semana surgió otra denuncia periodística que dio cuenta de la existencia de una supuesta red de prostitución en el Congreso de la República, que las autoridades tardaron un poco en reaccionar, hasta que la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro abrió una investigación preliminar por este hecho que, de ser cierto, sería de tal gravedad, no solo por ser inédito en la historia del Parlamento, sino por sus implicancias políticas de desprestigio total de uno de los poderes del Estado más representativos en el pasado.
Como cabeza de esta red se sindicó al exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso (destituido luego de producirse el escándalo), al parecer militante del partido Alianza para el Progreso y persona muy cercana a su líder, César Acuña. El escándalo, luego de la muerte de la joven Andrea Vidal Gómez, asesora en la Oficina Legal y Constitucional, fallecida después de un repudiable criminal atentado cuando se movilizaba a bordo de un taxi, afectó aún más la alicaída imagen del Parlamento.
Este hecho se dio a conocer, esta semana, en el programa Beto a saber de Willax Televisión. Fue uno de los últimos llamados “destapes” de su conductor, Beto Ortiz, quien renunció también esta semana, por razones que se desconocen, pero alimentaron las especulaciones en las redes sociales. Ortiz protagonizaba un duelo personal contra sus colegas de canal, Phillip Butters y Milagros Leyva, estas últimas semanas.
Aprovecho para desearles a cada uno de ustedes feliz Navidad.
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