¿Hasta cuándo, congresistas de la República?
Pienso que no debemos cansarnos de exigirle a los congresistas de la República tomar acción inmediata para proteger al Perú del descalabro al que, sin duda ni pausa, nos está llevando el grupo de incapaces, prontuariados y hasta vinculados al terrorismo y narcotráfico, encabezados por P. Castillo.
Dos son los caminos a seguir por los miembros del Congreso de la República, previstos en la Constitución Política vigente, que los recogió, con alguna variación, de su antecedente, la Constitución de 1979.
Un camino, señalado por el inciso 2) del artículo 113° de la Ley de Leyes, es el de la vacancia por permanente incapacidad moral, suficientemente demostrada con hechos como el de procurarse el año 2013 el grado de maestría -buscando aumentar significativa y continuadamente su sueldo de docente al servicio del Estado- sin dedicarle el esfuerzo intelectual y material que requiere obtenerlo.
Al enriquecimiento ilícito de fondos públicos con una remuneración no merecida, agrega no solo el plagio, que implica apropiarse ilícita y delictivamente de la producción intelectual de otra persona, sino también falsear la realización de una investigación de campo inventando a dos validadores, simular un asesor de tesis y –ya resulta obvio- atribuirse el conocimiento cabal del segundo idioma exigido por ley para obtener el grado académico.
A este antecedente de inmoralidad, imperdonable en quien se pretende docente, se añade ocultar en su hoja de vida de candidato presidencial su condición de accionista y gerente de una empresa constructora, dato que le convenía omitir para proyectar la falsa imagen de desposeído.
El otro camino, previsto por el artículo 99° de la Carta Magna, es el de la acusación por delito e infracción a la Constitución cometidos en ejercicio de sus funciones como presidente de la República, que puede conllevar a la destitución en el cargo y su procesamiento penal.
Suficiente materia para tal acusación se encuentra en la reiterada conducta, plena de mentiras y simulación, materializada en los anexos clandestinos de Sarratea y Magdalena, en los que sobrinos y amigotes, empoderados personalmente por él apenas llegado al cargo, urdían y perpetraban actos de corrupción generalizada en adquisiciones de bienes y servicios públicos. La pretendida violación de la integridad territorial y soberanía del país en favor de la Bolivia chavista y la violación a la libertad individual de millones de peruanos con el confinamiento del 5 de abril último y la falta de pasaportes que afecta la libertad de tránsito, bastan por sí mismas.
¿Qué esperan ochenta y siete congresistas de la República?
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