Hay que cambiar el origen de los junteros de la JNJ

Cuando se cambia la estructura organizacional o la forma como se eligen o designan a los integrantes de los organismos constitucionales, sin tomar en cuenta el criterio de representatividad del que deben gozar sus miembros, se termina por desnaturalizar o desorientar la razón de ser de su funcionamiento.

Y, con mayor razón, cuando se trata de aquel órgano constitucional autónomo que tiene a su cargo la selección, nombramiento y destitución de los jueces y fiscales en todos los niveles, así como de los jefes de la ONPE y del Reniec. Es decir, la institución que tiene esas responsabilidades goza de un poder muy importante, por cuanto de los criterios que aplique para el cumplimiento de sus atribuciones, resultará la calidad e idoneidad de sus seleccionados y, por lo tanto, de la también calidad y transparencia de la administración de justicia, así como de los procesos electorales y consultas populares.

Por este motivo es que, cuando se creó el llamado CNM - Consejo Nacional de la Magistratura (hoy Junta Nacional de Justicia), se hizo con la firme intención de despolitizar el origen de la elección de sus miembros; para ello, había que buscar que, de una forma indirecta, sea la sociedad la que los elija. Y eso se logró cuando se determinó que sus integrantes sean elegidos, en principio, por los colegios de abogados (a nivel nacional) y por lo miembros de todos los demás colegios profesionales. Sumándose a ellos, el elegido por la Sala Plena de Corte Suprema, así como el que elija la Junta de Fiscales Supremos, además de los que elijan los rectores de la universidades públicas y privadas.

Como vemos, este esquema que se tenía, antes del despropósito que originó la existencia de la hoy Junta Nacional de Justicia, terminó por desnaturalizarse y prácticamente politizar la decisión de las designaciones, cuando se estableció que los miembros de la JNJ sean seleccionados “meritocráticamente” por una Comisión Especial, presidida por el defensor del Pueblo e integrada por el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación, y los elegidos por los rectores de las universidades públicas y privadas.

Es decir, nuevamente, se cometió el error de considerar que cambiando el sistema de elección de los integrantes de un organismo constitucional, puede mejorar la calidad y transparencia de sus decisiones; sin darse cuenta que el problema no está en la estructura de las instituciones, sino en la calidad e idoneidad de sus miembros. O, lo que es lo mismo, el problema no es la organización, sino las personas que la integran.

Por lo tanto, se debe comenzar por retornar a la denominación original que tenía este importante órgano constitucional, que antes tenía “consejeros” y hoy tiene “junteros”. Y, para que sus integrantes efectivamente representen, indirectamente a la población, a través de las instituciones organizadas, como son los colegios profesionales y las universidades, considerar la necesidad de que, vía una rápida reforma constitucional, se regrese al procedimiento que se tenía antes de ser deformado.
Y, eso sí, para evitar equivocaciones al momento de elegir a los miembros, debe haber una suficiente y amplia difusión de los antecedente y características de los candidatos que postulan en cada una de las instituciones. Pues, la publicidad garantiza una mayor transparencia de los procesos electorales.

No está de más indicar que, como era antes, este organismo constitucional puede estar conformado por profesionales de otras ramas, no necesariamente vinculados a la ciencia del derecho, ya que para evaluar a un postulante a la magistratura se necesita aplicar un criterio multidisciplinario. El postulante para ser juez o fiscal que maneje y domine la ciencia del derecho, no necesariamente nos garantiza que en el ejercicio de la función pueda actuar con estricto apego a la moral y a la ética.

En consecuencia, el “retroceder” para enmendar los errores no es siempre un atraso. Por el contrario, es darse cuenta que hubo una equivocación, la cual hay que enmendarla; por lo tanto, estamos a tiempo de recuperar el organismo constitucional que antes teníamos, y que mejor lo identificábamos como Consejo Nacional de la Magistratura.

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