Hay que consolidar la institucionalidad

Es hora de que en el Perú se respeten las reglas y que no vivamos convirtiendo a la excepción en una regla que solo genera inestabilidad, la cual se proyecta a todos los escenarios de la vida nacional, en lo político, económico y social.

En nuestro sistema democrático de gobierno basado en el equilibrio de poderes, la regla es la renovación de autoridades políticas cada cierto número de años mediante elecciones libres y generales mediante las cuales el pueblo designa a sus representantes, no a sus dictadores, autócratas o tiranos, sino como mandante dueño del poder elige a sus mandatarios para que estos actúen a su favor, dentro del marco jurídico vigente en el sistema político de gobierno que la Constitución establece.

Los sistemas de intercontroles están definidos en la Carta Magna, así como la fiscalización que hace el mismo pueblo para calificar si eligió bien o mal y corregir en la siguiente elección.

Sin embargo, hay causales previstas en la Constitución y las leyes para expulsar del sistema a quien incurre en actos que atenten contra el orden democrático y su institucionalidad para mantenerse en el poder o cuando su comportamiento moral (porque encarnan al pueblo que los eligió) son nocivos o terminan destruyendo la moral pública, ante cuya eventualidad la Constitución también prevé los mecanismos de sustitución por vacancia o destitución, de modo que la institucionalidad no se resquebraja y la estabilidad de la Nación no sufre menoscabo en términos de gobernabilidad y gobernanza.

Ya hemos sufrido de inestabilidad casi todo el tiempo de existencia de la República y únicamente a partir de la década del noventa y el dos mil hemos tenido elecciones normales de las cuales podemos jactarnos, pero no celebrarlo porque terminamos eligiendo a una cadenilla de ladrones.

Con la caída de Fujimori comenzamos con las transiciones extraordinarias y en ese caso no hubo más alternativa que hacer valer la excepción. Sin embargo, con Vizcarra, Merino y Sagasti, la transitoriedad comenzó a ser la regla, en unos casos por debilidades personales y en otros por ambiciones de poder para controlar el Estado surgiendo la eterna doble moral por la cual lo que vale para todos no vale para algunos.

En el caso de la señora Boluarte y el Congreso, no encontramos razones para alterar la constitucionalidad de la sucesión en el poder y solo nos queda exigirle a la señora que ponga orden y gobierne bien y, si no puede hacerlo, solo a ella le compete renunciar o no, salvo que incurra en alguna causal de destitución o vacancia.

Si los rojos ultras provenientes de las canteras del terrorismo o del perulibrismo están furiosos porque su plan para destruir el Estado Peruano y tomar el poder ha fracasado, ese es su problema, pero ellos no son la Nación Peruana: una minúscula parte de ésta no puede imponernos sus caprichos.

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