Hay que gobernar, y no echarle la culpa a la Constitución el no saber hacerlo

Es una constante el de escuchar a los actores políticos, de ayer, de hoy y capaz del futuro, referirse a que una nueva ley o Constitución será la solución a todos nuestros problemas; razón por la cual no debe llamar nuestra atención el que, una vez más, se continúe difundiendo este discurso engañoso, con la finalidad de desorientar a la ciudadanía y, lo que es peor, desnaturalizando la razón de ser de la administración del Estado.

Los problemas nacionales, regionales y locales se resuelven con decisiones de gobierno en cada uno de sus niveles. No se puede ni debe fundamentarse en la necesidad de tener que modificar o reemplazar la norma constitucional para, recién allí, estar en capacidad de actuar por parte de la autoridad gubernamental.

La norma jurídica puede gustar o no a quien tiene a su cargo el manejo de la administración de la cosa pública, pero independientemente de ello, la autoridad política, si tiene capacidad e idoneidad para el buen desempeño de sus funciones, debe saber cómo aplicar la normatividad vigente para, sin violentarla y respetándola, tome las necesarias decisiones que la realidad existente obligue.

El continuar con la engañosa monserga de vender la idea de que “se necesitan nuevas leyes o nueva Constitución” para poder gobernar, es una confirmación de la falta de capacidad e inteligencia de quienes tienen la responsabilidad de promover y procurar la satisfacción de las necesidades que la población reclama.

Los problemas relacionados con la salud, por efecto de la covid-19, la inseguridad ciudadana en franco crecimiento, el recuperar la estabilidad económica, hoy perdida por las malas decisiones de gobierno, entre otros, requieren una inmediata atención de la autoridades de gobierno.

En ese sentido, el pueblo peruano no puede seguir esperando que se siga perdiendo más tiempo en discusiones estériles e innecesarias, que lo único que podría generar es alargar la espera de la solución de sus problemas.

Nuestra realidad social, política y económica requiere, si verdaderamente se actúa con responsabilidad y criterio, que se tomen decisiones de inmediato, orientadas a atender esa variedad de requerimientos que la población aspira.

Nuestras Constituciones siempre se han caracterizado por contener un conjunto de buenas intenciones, y nada más. En consecuencia, el problema no está en la norma cuando estructura e implementa el funcionamiento del Estado. El obstáculo está en la forma como ésta se aplica y ejecuta por parte de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo posible.

La no ejecución o aplicación de lo establecido en las doce Constituciones que se han producido en el Perú es el resultado de quienes han tenido obligación de aplicarlas, no han sido capaces de generar decisiones que permitan que no se quede sólo en la buena intención de lo que la norma jurídica señala.

De nada sirve darnos más leyes o Constituciones que se queden sólo en el papel y en la buena intención del legislador o constituyente que las produce. De lo que se trata, y es lo que se quiere, es que el Estado funcione, dentro del marco de nuestra realidad, con miras a alcanzar el bien común.

Para ello, sólo se necesita actuar, desde la función gubernamental, con criterio, responsabilidad e inteligencia y, especialmente, con honradez. De ser así, de seguro lograremos tener un futuro mejor.

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