Hay que insistir respecto al origen de la JNJ

Desde el mes de julio del pasado año, se ha venido llamando la atención a la representación parlamentaria del Perú respecto a la percepción que tiene la ciudadanía de los diferentes órganos del Estado, así como de los organismos constitucionales, sobre los cuales, como es sabido, con razón o sin razón, la población tiene una pésima opinión que se traduce en la escasa legitimidad que tienen, y que se refleja en las encuestas de opinión ciudadana.

El decepcionante resultado del funcionamiento de las instituciones del Estado no es consecuencia, únicamente, de su organización y estructura que ellas tienen, sino particularmente de las personas que las integran; por lo tanto, hay que insistir en revisar el procedimiento que se aplica para elegir, seleccionar o nombrar, según sea el caso, a los miembros de los organismos del Estado.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que en el presente año terminan su periodo los miembros integrantes de la Junta Nacional de Justicia, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico vigente, ya ha sido notificado el Defensor del Pueblo que, de acuerdo a lo regulado, es quien preside la “Comisión Especial” encargada de evaluar, seleccionar y nombrar a los junteros.

Por lo tanto, y antes que se continúe con el equivocado procedimiento que se estableció para la conformación de la mal llamada Junta Nacional de Justicia, el Congreso de la República, como una tarea pendiente, pero de una necesaria inmediata atención en la legislatura venidera, debe de discutir y finalmente aprobar un nuevo procedimiento que despolitice la labor de conformación de la JNJ.

El que autoridades elegidas por el Congreso, como son, además del Defensor del Pueblo, el presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor General de la República (a propuesta del Poder Ejecutivo), sean quienes integran la indicada “Comisión Especial”, ya evidencia la influencia política en el trabajo de selección de miembros de la JNJ. Y, si se suma a ello, el que también la integran el presidente del Poder Judicial y el Fiscal de la Nación, se puede comprobar lo contradictorio que fue el criterio que tuvieron los legisladores que modificaron la Constitución para conformar la “Comisión” antes mencionada; es decir, quienes van a ser fiscalizados, son los que nombran a sus fiscalizadores. Esta realidad, también hay que cambiarla. De estas autoridades que forman parte de la referida “Comisión”, los únicos de quienes se podría decir que no tienen compromiso político, son los dos representantes elegidos por los rectores de las universidades públicas y privadas.

Para mejorar el origen de la selección de los junteros, miremos hacia atrás y tratemos de no inventar procedimientos que terminan por desnaturalizar el criterio que debe de primar en la estructuración del organismo constitucional que tiene a su cargo la selección y nombramiento, en todos los niveles, de los jueces y fiscales, así como de los jefes de la ONPE y del RENIEC. Pues, lo que se tenía previsto, antes de la equivocada modificación constitucional, promovida por el expresidente Vizcarra, era más despolitizada y representativa, cuando la selección de los integrantes del anterior Consejo Nacional de la Magistratura era producto de la elección popular de los integrantes de las instituciones vinculadas a la administración de justicia, como son, entre otras, los Colegios de Abogados, que según el nuevo procedimiento no tienen ninguna participación.

En todo caso, si se quiere evitar cometer errores, cuando los Colegios de Abogados a nivel nacional, así como los otros Colegios profesionales, por votación popular, tienen que elegir a sus representantes y, por su parte, cuando la Sala Suprema del Poder Judicial y la Junta de Fiscales Supremos, igualmente, eligen a los suyos, suficiente con publicitar con la debida anticipación y con una amplia cobertura informativa, sobre las características y antecedentes personales de los candidatos a ocupar tan importantes cargos para, que de esa manera, puedan los medios de comunicación, los analistas y el pueblo en general, opinar en voz alta sobre cualquier demérito que puedan tener algunos de los candidatos y, por lo tanto, no se merezcan salir elegidos.

Insistamos con los legisladores para que corrijan el error, el cual comprende, además, en la necesidad de retornar a la denominación anterior, mejor concebida, de Consejo Nacional de la Magistratura.

Todavía estamos a tiempo.

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