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Hay que parar el crecimiento de la inseguridad

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Fecha Publicación: 10/09/2023 - 21:50
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La reciente “renovación” de una parte del gabinete ministerial, sobre la cual se esperaba una efectiva decisión que demuestre, del lado de la autoridad gubernamental, una real preocupación para amenguar el incontrolable incremento de la actividad delincuencial en el Perú, nos demuestra el poco interés que al respecto existe de cambiar u orientar la voluntad política con miras a obtener resultados ciertos que permitan que la población nacional tenga la esperanza de que algún día, no muy lejano, pueda salir a la calle con tranquilidad.

Las cifras estadísticas que, hace más de una semana publicara el diario Expreso como resultado de su labor de investigación periodística, nos demuestra las falencias que tenemos en diferentes áreas de la administración pública, en la lucha contra la delincuencia, y que deberían ser inspiradoras para tomar decisiones más acertadas y adecuadas a la realidad existente.

Tenemos un poco más de 131,000 efectivos policiales para cuidar a 33 millones de habitantes; es decir, hay un policía por 251 personas; mientras que, en 1990, con 125,000 efectivos de la institución policial, el promedio por habitante era mucho menor (175). Estas cifras demuestran el porqué en el año 2021, sólo en el primer semestre hubo, en promedio, 138 incidentes delictivos por día y en el 2022, para el mismo periodo, se elevó a 223 al día. Lo cual significa que, únicamente en cuanto al número del personal policial se refiere, no se está creciendo como las circunstancias lo requieren.

La alarma para asegurar al común de las personas hace mucho rato ya está sonando, y ello debe de alarmar a las autoridades que tienen responsabilidad en el manejo de la administración del Estado, a fin de que cada una de ellas, en el ejercicio de sus atribuciones, cumplan con sus obligaciones con probidad y prontitud.

Desde el órgano Ejecutivo y el Legislativo, pasando por el Ministerio Público y el órgano Judicial, tienen mucho que ver para que esta realidad que estamos viviendo cambie o comience a cambiar. Qué explicación nos pueden dar estas autoridades, respecto a lo que se ha hecho, por ejemplo, en algo tan evidente, como es el de conseguir paralizar el incremento en el robo de celulares que, al día de hoy se calcula que 4,734 se roban diariamente, significando ello que 197 celulares son robados por cada hora y, por lo tanto, cada minuto se roban 3 celulares.

Como lo recordamos con alguna frecuencia, el derecho de las personas termina donde comienza el derecho de los demás; en consecuencia, los que cometen hechos delictivos deben de saber que su conducta o comportamiento ha dado lugar a violentar el derecho de las personas y, por lo tanto, el peso de la justicia debe de caerles con la severidad suficiente que permita ser un aviso para los que pretendan seguir el mismo equivocado camino.

Es inexplicable e injustificable que, frecuentemente el trabajo de la policía se vea frustrado cuando una persona detenida en flagrante delito y puesta en manos de la justicia, a los pocos días es puesta en libertad, para continuar desarrollando su actividad delictiva. El debido proceso al cual se somete el delincuente, el que también tiene derechos como tal, debe ser atendido y aplicado, sin someter su aplicación a trámites o condicionamientos administrativos, que terminan por entorpecer a la propia administración de justicia.

La persona agraviada de un hecho delictivo reclama justicia, rápida, eficaz y efectiva. Si esa justicia tarda en llegar, y no permite, en alguna medida, “curar el daño causado”, es cualquier cosa, menos justicia.

Para luchar contra la delincuencia no se necesitan más leyes, ni crear más instituciones (incrementando la burocracia), ni tampoco informes de “especialistas” teóricos, ni menos inspirarse en otras realidades que no son las nuestras. Lo que se necesita, y con urgencia, es mejorar la gestión de gobierno de todas las autoridades y en todos los niveles.

La población reclama, de quienes nos gobiernan, que trabajen con idoneidad, con transparencia y honestidad. Características fundamentales que tienen que acompañar al ejercicio de la función pública de sus autoridades.

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