Hay que parar el plan extremista…

Nadie duda ya que el presunto suicidio político de Castillo al decidir cerrar el Congreso y tomar por asalto todo el sistema de justicia con el control de las FF.AA. y PNP antes de que se votara su vacancia para la cual no existían los votos suficientes, no era una burrada más sino parte de una estrategia del Partido Comunista del Perú, Marxista Leninista y Mariateguista (léase Movadef) para borrar la imagen delincuencial de Castillo sustituyéndola por otra de tipo político, convirtiéndole en víctima, en cuyo nuevo escenario, se gatillaba el inicio de la violencia social bajo el disfraz de protesta, para la liberación de Castillo con la exigencia de una inmediata convocatoria de nuevas elecciones con la sustitución del actual Congreso, pero agregando en la convocatoria la de una Constituyente.

Repentinamente los peruanos nos vimos envueltos en actos, ya no de protesta, sino de sabotaje dirigidos por expertos en agitación, peruanos y extranjeros, cuyos actos preparatorios fueron tan notorios y, sin embargo, nadie los quiso ver ni tomar las medidas de prevención necesarias.

La toma de nudos carreteros, ferroviarios, aeropuertos, ataques a grandes, medianas y pequeñas empresas, saqueo urbano, destrucción de bienes y servicios y bloqueo minero, tiene, sin lugar a dudas, el objetivo de destruir la economía nacional para exacerbar mucho más a la población cuando la escasez produzca sus consecuencias de hambre y miseria, además de tener conciencia plena de que la convulsión violenta así desatada, generaría inestabilidad, inseguridad ciudadana, ingobernabilidad e imposible gobernanza, con Castillo ya actuando desde prisión como actor político.

La respuesta de la presidenta Boluarte y su gabinete cedió ante la primera arremetida ordenando que la policía enfrente el vandalismo sin armas y ni siquiera utilizando balas de goma, con lo cual ponía en bandeja de plata a nuestros policías para ser masacrados o eliminados tal como ocurrió en el pasado en Bagua, lo que nos debe llevar a revisar el tema de la proporcionalidad entre la fuerza delincuencial y la fuerza de los que deben restablecer el orden público que jurídicamente desarrolló el poder caviar, retornando a la lógica elemental que para poner orden y garantizar la paz social, el poder de represión debe ser mayor que el de los delincuentes.

Nadie cuestiona el derecho de protesta, pero cuando ésta deja de ser pacífica y se convierte en la fuente de una suma de delitos que, en términos jurídicos, se conoce como concurso de delitos, la fuerza coercitiva del Estado debe actuar con eficacia y eficiencia.

La presidenta y su gabinete también cedieron al pedido de adelanto de elecciones, fijando una fecha razonable, pero lo que no consideró fue que los violentistas quieren elecciones inmediatas con la convocatoria a una Constituyente.

Negociar con esta gente en mesas donde siempre el Estado fue a rendirse, no conduce a nada. Primero hay que pacificar el país.

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