Hay que promover la tranquilidad con seguridad

Los últimos acontecimientos de violencia que se vienen produciendo, especialmente en la zona sur del país, y que pueden seguir incrementándose en otras zonas, impidiendo el libre tránsito de vehículos y de personas, todo cual genera, no únicamente desconcierto e inseguridad ciudadana, sino también angustias de quienes, por ejemplo, no pueden ser atendidos con emergencias médicas, por cuanto se impide el libre tránsito de ambulancias que acuden en apoyo y socorro de los que requieren sus servicios.

En estos últimos días se vienen conociendo hechos, derivados de conductas y actitudes de los promotores de estos actos violentistas que, en un pueblo civilizado, como el peruano, es total y absolutamente inaceptable esa forma de comportarse. No se puede dejar de recordar que “el derecho de las personas termina donde comienza el derecho de los demás”.

En ese sentido, pueden tener o no la razón quienes fomentan las manifestaciones de protesta, pero en un régimen democrático existen formas o procedimientos que permiten que, sin afectar el derecho de los demás, se pueda dejar escuchar las razones o motivos que inspiran el proceder de los que protestan.

Resumir la manifestación poblacional a marchas o contramarchas, las cuales generalmente se transforman en actos violentos, terminan por dar paso a la desnaturalización de la democracia, reemplazándola por “la oclocracia”, que es “la democracia de la muchedumbre”. Ello es lo que se debe evitar.

No es responsabilidad sólo del Poder Ejecutivo y del Parlamento atender las protestas y encontrar las más adecuadas soluciones a los reclamos que se plantean, sino también de todos los demás organismos constitucionales, dentro del marco de sus facultades y obligaciones. Pero, hay que sumar igualmente a este compromiso de participación a todas las instituciones vivas de la República. Los gremios de trabajadores, de los profesionales, de los comerciantes, de las universidades, entre otras muchas instituciones, que representan los diversos sectores ciudadanos, seguro que tienen mucho que decir frente a estos lamentables sucesos.

Por cierto, esta participación ciudadana organizada no debe limitarse a únicamente hacer diagnósticos de los hechos, de los cuales tenemos muchos y variados que nos ofrecen los analistas y opinólogos. Se necesitan soluciones y propuestas de solución viables y responsables que permitan encaminar la actuación de los grupos violentistas por un camino distinto al que vienen utilizando.

Al respecto, en primer lugar, se requiere usar el medio más idóneo para comenzar a encontrar el derrotero que aspiran a alcanzar los manifestantes; esto es, el saber escucharlos para, a partir de allí, explicar de la forma más clara y sencilla la posibilidad, dentro de los parámetros establecidos por las normas, lo que puede o no ser posible de aplicar o implementar; ya que no siempre lo que se desea o pretende es factible ejecutar.

El razonamiento es, en ese sentido, el elemento más determinante cuando se desarrollan encuentros entre los reclamantes y reclamados. Y entre estos dos grupos de personas están los técnicos especializados en las diversas materias que tienen relación con lo que motiva los conflictos; siendo ellos, los técnicos, los que deben proponer las alternativas concretas para encontrar la solución a los problemas que producen el descontento social.

Lo cual significa que, si bien los conflictos tienen una motivación política (lucha por poder), el insumo de los mismos que incrementa su desarrollo tiene un carácter económico y social. Es la decisión política la que debe estar en condiciones, independientemente de la concepción ideológica que la inspire, para saber orientar la forma de aplicar las recomendaciones que hacen los técnicos en cada uno de los aspectos que son puestos a su estudio y evaluación.

Por lo tanto, lo que debe ser una preocupación que necesita una atención inmediata es encontrar un interlocutor válido que pueda “saber escuchar”, así como “saber transmitir” las exigencias a la autoridad que corresponda, para que los reclamos puedan ser atendidos dentro de las posibilidades que el ordenamiento legal vigente lo permita.
No hay que perder la esperanza de que el pueblo peruano pueda vivir con seguridad, y con la tranquilidad de saber que puede estar cerca un mañana mejor.