Hay que trabajar por la seguridad

Las primeras noticias matutinas que, a nivel nacional, los medios de comunicación nos ofrecen todos los días, siempre tienen que ver con actos delincuenciales, producto de robos, asaltos, crímenes, extorciones, etc., en los que las víctimas son el común de las personas que todavía confían de la autoridad policial, como celosa guardiana del orden interno en el Perú.

No es necesario conocer las formales estadísticas, pero es más que evidente el sorprendente incremento en estos últimos años del nivel de violencia delictiva a la que está expuesta, a toda hora, la población urbana y rural a lo largo y ancho de nuestro territorio. Pues, el alto grado de inseguridad en el que estamos viviendo ha dado origen para que cambien las costumbres en el diario vivir de la población peruana.

La última decisión legislativa que tiene que ver con la autorización del uso de las armas no letales por parte de la autoridad municipal (serenazgo), sobre la que unos están de acuerdo y otros no, es el resultado de la preocupación que a nivel de los diversos estamentos de gobierno (nacional, regional y local) se tiene para detener y/o controlar al acción de las bandas criminales que siembran el terror, angustia y desesperación de las personas que se ven limitadas de no poder desenvolverse con tranquilidad en su rutina diaria.

Si la seguridad es un derecho que tienen las personas, como integrantes de la estructura social, en cuanto elemento constitutivo del Estado, y que por lo tanto requiere contar con las condiciones sociales que le permita vivir con tranquilidad, corresponde a la autoridad respectiva, en todos los niveles, accionar de tal manera que la población cuente con los instrumentos logísticos necesarios y la autoridad que ejerce el poder de policía pueda tener a su alcance los instrumentos necesarios para lograr que su actuación esté suficientemente garantizada y protegida.

Las ciudades requieren estar bien iluminadas, con las cámaras de vigilancia en cantidad y ubicación necesaria que permita el permanente monitoreo y con patrullaje durante las 24 horas del día, por parte de la policía y los serenos, a fin de que se produzca un efecto disuasivo frente a la actividad delincuencial. De tal manera de que la prevención sea el recurso más efectivo para controlar el crecimiento de los actos criminales.

Esos requerimientos son posibles atenderlos con los recursos presupuestarios con que los que cuentan los diversos niveles de gobierno; por cierto, siempre que se use con racionalidad y criterio técnico, desterrando cualquier acto de corrupción que desnaturalice la ejecución de la decisión política. En ese sentido, y aunque no debería ser necesario, por lo menos hasta cuando las autoridades se “acostumbren” a actuar con honestidad y probidad, la presencia de la Contraloría General de la República juega un papel muy importante para darnos la tranquilidad de saber que los recursos dinerarios que aporta la población peruana con sus impuestos, son legal y adecuadamente usados.

El problema de la inseguridad ciudadana ya no soporta más dilaciones; tiene que ser urgentemente atendido. Pues, su postergación dará lugar a que la población sienta que cada día está más desprotegida.

Para ello, no son necesarias más normas legales que regulen lo que ya está regulado; únicamente es fundamental que las diversos organismos del Estado que tienen que ver con la administración pública cumplan sus funciones con rapidez y efectividad, teniendo como fuente de inspiración las leyes y la Constitución pero que, al hacerlo, lo hagan sin estar motivados o presionados por intereses personales subalternos, ni tampoco por razones políticas, que son las que enturbian el correcto funcionamiento de las instituciones estatales.

Si se lograra alcanzar esa realidad que todos deseamos, podemos tener la esperanza de que podremos vivir en un ambiente social donde prime la convivencia interhumana, y que la seguridad personal sea un derecho realmente protegido.

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