Hipocresía y propuesta al Congreso
En la XlV Cumbre de la Alianza del Pacífico, el presidente Vizcarra exhortó a luchar frontalmente contra la corrupción.
La contundente respuesta a esa invocación provino del mandatario colombiano, Ivan Duque, quien manifestó que “podríamos establecer una lista negra de empresas que en nuestros países han estado incursos en temas de corrupción, para que estén expuestas y puedan tener sanción moral y empresarial”.
Luego dijo que esas compañías deben ser “vetadas para que vuelvan a contratar con el Estado, para que, realmente, se sancione al que peca por la paga, pero también al que paga por pecar[...] He insistido mucho - agregó- que si queremos ser efectivos contra la corrupción, tenemos que matar la hipocresía. No puede ser que aparezcan empresas que terminan corrompiendo funcionarios y después que han podrido la política y la administración, pretenden llegar de vuelta, pagan una multa y siguen contratando con el Estado”.
Esas palabras fueron dichas en Lima, en presencia del mandatario Vizcarra, en circunstancias que su Gobierno y la Fiscalía no sólo han aceptado que Odebrecht continúe operando con el Estado, sino autorizaron que transfieran la hidroeléctrica de Chaglla a un consorcio chino por 1,200 millones de dólares y en no afectar el patrimonio de sus directivos, granjerías excepcionales otorgadas a cambio de que confiesen toda la verdad.
“Si omiten algo o mienten ya no serán protegidos y serán procesados en el Perú”, dijo el fiscal brasileño del equipo Lava Jato, Orlando Martello.
Pero mintieron, porque sólo comunicaron sobornos en 4 de las 20 obras. Sin embargo, hace dos semanas periodistas ecuatorianos descubrieron que también delinquieron en el proyecto del Oleoducto del Sur. No sabemos - por ahora -si coimearon en las demás, aunque por los antecedentes conocidos resulta poco creíble que no lo hicieran.
Es sorprendente, empero, como sostuvo el analista Fernando Rospigliosi, que "lo menos que pudieron haber hecho los fiscales Rafael Vela y José Pérez, cuando interrogaron a los brasileños, fue preguntar "¿Ustedes pagaron sobornos en estas 20 obras?". Pero, no preguntaron. Al culminar los interrogatorios, el fiscal Vela expresó que los directivos brasileños habían sido “explícitos” en sus respuestas y que estaban “satisfechos”; por ello firmaron el acuerdo de colaboración eficaz.
Ahora, a pesar del engaño, esas mismas autoridades continúan manteniendo el status de colaboradores eficaces a los directivos de Odebrecht, de lo cual deben responder ante la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos.
Para evitar la repetición de casos como el que comentamos, es pertinente que el Congreso debata una ley con un solo artículo, que podría decir:
Artículo Único: "Las empresas nacionales o extranjeras, involucradas en actos de corrupción con funcionarios del Estado, no podrán participar en proyectos y obras en ninguna institución pública".
Un acuerdo similar debería suscribirse entre las naciones integrantes de la Alianza del Pacifico, para establecer una línea ética entre los países partes del sistema.
