ÚLTIMA HORA
PUBLICIDAD

Historia de un autogol

Imagen
Fecha Publicación: 22/11/2019 - 20:50
Escucha esta nota

Hace 18 años, los peruanos nos propusimos retomar nuestra condición de país atunero. En 2002 nos incorporamos a la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT). Esto nos valió la autorizaron de 3,195 m3 de capacidad de acarreo, para barcos con bandera peruana. El Estado parecía comprender que la industria de túnidos, era un medio para reactivar la pesca para consumo humano y generar empleo de calidad. En 2007 se dio un paso importante con la Ley 28965, que permite recibir pesca de barcos extranjeros en concordancia con los regímenes aduaneros vigentes, como internamiento temporal o importación, lo mismo que hacen potencias del nivel de Tailandia, Ecuador y México. En 2011 conseguimos 5,000 m3 adicionales para la flota nacional.

Estas simples medidas, acompañadas de normas complementarias, fueron suficientes para que el sector privado tomara el reto de volver a hacer del Perú un país atunero, como lo fue hasta los años 70 en los que se estatizó la pesca. Así pasamos desde el año 2008 con 500 puestos de trabajo, procesando 475 toneladas de atún como materia prima y vendiendo 900 mil dólares al año; a 2018 con 17,500 empleos, transformando 40 mil toneladas de atún provenientes de todo el mundo, con ventas internas y externas por 124 millones de dólares. Este gran salto fue posible por las inversiones realizadas que superaron los 200 millones de dólares. Todos sentíamos que estábamos ante una Política de Estado en Pesquería, la misma que venía trascendiendo 4 gobiernos y que atendía el interés general de la Nación, produciendo riqueza, seguridad alimentaria y empleo.

Sin embargo, hace dos meses, un intendente provincial de la SUNAT, decidió cambiar la interpretación de la Ley 28965, que la misma entidad vino ejecutando durante 12 años. Ahora considera que la pesca de barcos extranjeros debe asumirse como producto peruano y pagar 30% del valor de cada embarque. No se entera que pone en riesgo todos los acuerdos comerciales firmados por el Perú, en los que nuestro país se obliga a reconocer la pesca del mismo origen del pabellón enarbolado por la nave. Desconoce que puede dejar a miles de familias sin sustento, obligar al cierre de plantas e impedir generar millones de dólares. Finalmente, no parece percatarse que a consecuencia de su antojadiza interpretación, la recaudación por este concepto será igual a cero.

El jueves 19 se realizó el Segundo Congreso Internacional del Atún, en el que expositores, panelistas y participantes provenientes de diversas latitudes del planeta, se dieron cita para compartir sus experiencias. En el evento se admiró el rápido desarrollo del Perú en esta industria y se ponderó la extraordinaria productividad del mar peruano que facilita nuestra vocación por la pesca y la acuicultura. Pocos podían creer que con estas condiciones, el propio Estado jugara contra sus intereses y se hiciera este tan absurdo autogol económico.

Preocupa que a pesar de los intentos del ente rector, PRODUCE, por promover la diversificación en el sector y dar valor agregado a nuestros recursos, se intente derrumbar una Política de Estado desde una institución como la SUNAT, la misma que parece esforzarse por consolidar para sí el adjetivo de “maldita”, con el que un politicastro la bautizara. El Presidente Vizcarra no puede permitir este despropósito. Todavía está a tiempo de enmendar tal torpeza y atentado contra los intereses del país.

Ex Viceministro de Pesquería