Hora de cambiar
En mi columna del 27 de mayo señalaba que el crecimiento de nuestras exportaciones pesqueras para consumo humano son exiguas si las comparamos con las de nuestros competidores del mundo. Esto se produce a pesar de tener una ventaja comparativa en la extraordinaria productividad de nuestro mar, porque algunos estamentos del Estado aplican sistemáticamente un implacable freno que impide que alcancemos la competitividad. Se trata de un problema heredado por esta administración, que debe resolverse para no perder espacios en el mercado global cada vez más exigente.
Nuestros pescadores e industriales pugnan por retomar el liderazgo atunero que alguna vez tuvo el Perú. Sin embargo, parece que la Sunat desconoce la Ley 30788, que declara de interés nacional el desarrollo de esta industria. Contrariamente, impone multas astronómicas por diferencias de peso entre lo recibido en un muelle y la planta industrial. Lo hace ignorando que el atún congelado pierde agua y merma en el trayecto, y que es sometido a una separación del pescado roto.
La Sunat no escucha razones, solo sanciona. No importa que el atún tenga arancel cero y que resulte ilógico que alguien lo pretenda sub reportar. Un Estado que, además de esto, impone una irracional carga impositiva al combustible de las naves nacionales que deben pescar en aguas internacionales contradice el enunciado de sus propias normas promotoras.
Lo mismo podemos decir de la institución más gris del sector pesquero, Sanipes. Exige a las plantas industriales un análisis de contaminantes en el mar del que se extrae la materia prima que procesan. Se lo piden a todos los establecimientos, así pesquen uno al lado del otro. También se lo piden a cada uno por todos los recursos que procesen, aunque los extraigan en la misma área. Lo obligan hasta en recursos de la misma clase de invertebrados marinos, como los cefalópodos pota y calamar. No quieren entender que al competidor en Chile, Mauritania, India o China no les piden este despropósito. No les importa que el sector privado se los venga señalando hace años. Solo por este concepto, la industria incurre en un sobre costo de 4 millones de dólares.
La propia autoridad sanitaria mantiene a un grupo de productores sin poder exportar por falta de entendimiento con sus pares de los países de destino. Así tenemos que hoy los almacenes de muchos establecimientos pesqueros están atiborrados de calamar y pejerrey porque el nombre científico con el que se exportaban tradicionalmente ha dejado de ser aceptado por los gobiernos de los países compradores. Esto daña también a los pescadores, a los que no les podrán comprar mientras dure este inconveniente.
No hay manera de crecer y combatir la pobreza si no es produciendo con competitividad. La industria pesquera ha invertido más de 200 millones de dólares en los últimos tiempos para optimizar sus capturas, modernizar sus procesos y proteger el medio ambiente. Si el Estado peruano no decide resolver este problema desde sus raíces, repetiremos viejos capítulos de la historia que hablan de oportunidades perdidas.
POR: ALFONSO MIRANDA.
