Hora de ordenar la casa
Ahora que estamos empezando lo que se ha llamado “la nueva normalidad” debemos estar comprometidos en desterrar y combatir prácticas que vienen de “la vieja normalidad” y cada uno debe asumir esa responsabilidad como parte de la sociedad. Yo me he comprometido con los temas de Salud y Libertad, y por eso no puedo desviar mi atención a pesar del ruido político generado por las peleas nada nuevas entre los poderes de Estado.
Este compromiso sin duda incluye cuidar el dinero que todos los peruanos aportamos a través de nuestros impuestos. Esta semana se activaron muchos de los procesos de licitación que estaban pendientes para las compras de medicamentos y material médico debido al desabastecimiento que existe actualmente, todos enmarcados en la Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. Pero ya están sonando las alarmas en Hospitales del Ministerio, Institutos especializados, EsSalud y FFAA donde los proveedores están pidiendo especial atención a las compras que han estado y siguen realizándose.
Estamos revisando la información de los procesos de compras que se publica en la página del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), donde a pesar de existir varios proveedores participando se termina aprobando la parte técnica solo a uno y finalmente otorgándole la Buena Pro con precios por encima del mercado y superiores a los proveedores que se descalifican por supuestamente no cumplir. Pero aquí pasa algo que llama la atención y es que resulta muy sospechoso que los comités de adjudicación descalifiquen a proveedores que cuentan objetivamente con todos los documentos que la ley exige, pero en las actas los descalifican por no cumplir con especificaciones técnicas. Pero por qué llama la atención, pues para que proceda un proceso de contratación se debe hacer un estudio de mercado con tres postores, pero ¿cómo así los postores que cumplen el estudio de mercado son después los descalificados por no cumplir con especificaciones técnicas? El tema aquí es que según la ley no se debería comprar a proveedores únicos sin un riguroso proceso de una contratación directa aprobado por el titular de la entidad quien no puede delegar esta responsabilidad y además está bajo la supervisión de la Contraloría.
No hay que olvidar que, si se compra de manera direccionada, y si esto se demuestra, el funcionario encargado de la contratación es responsable administrativa y penalmente, y los directores y comités donde hay miembros del área usuaria tienen responsabilidad funcional y podría ser administrativa y penal de acuerdo al caso.
La “nueva normalidad” debe ser no permitir que malos funcionarios ni seudo empresarios se aprovechen de su posición para beneficio propio. Estemos vigilantes porque ya es hora de ordenar la casa.
