Hoy las firmas, mañana el financiamiento electoral

Una vez más se repite la misma historia. Cuando a fines del año 2000 se decía “Bienvenida la Democracia”, leyendo un eslogan publicitario muy atractivo, difundido por muchos medios de comunicación con la esperanza de que el cambio sería una realidad, sin embargo, con el paso del tiempo los peruanos nos dimos cuenta de que el Perú poco había cambiado social y políticamente. Al contrario, emergieron otras amenazas que evidenciaron el resentimiento, la maldad, el divisionismo entre peruanos, la venganza de los perdedores, el interés personal sobre el interés general, la encarnizada lucha por el poder para perseguir a los enemigos y camuflar a los amigos. En toda esa vorágine de acontecimientos surge el partido político “Perú Posible”, que ganó las elecciones presidenciales y, para ganar, disponía de todo un andamiaje (como se decía en esa época) para la fabricación de firmas. A pesar de esa situación totalmente deleznable, continuó ese proceso, teniendo un Presidente que hoy está en Barbadillo. ¿Qué les pasó a los responsables de aceptar esas firmas falsas?
Hoy, luego de casi 25 años, la situación se repite. Sin embargo, no cambió nada y las autoridades principales de los organismos responsables se culpan entre sí, y aquí no pasa nada. ¿Es esta la democracia que los peruanos esperábamos?
Actualmente estamos inmersos en un proceso de elecciones generales para elegir al futuro Presidente e integrantes del próximo Congreso, y todos conocemos que, para llevar a cabo una campaña electoral, se requiere una considerable cantidad de dinero para sostener la logística necesaria y hacer realidad la finalidad de cada partido político en carrera.
En nuestro país, el financiamiento económico para procesos electorales se rige por la Ley 31046, que modifica el Título VI “Del Financiamiento de los Partidos Políticos” de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. Considerando dicha ley, existe un financiamiento público proporcionado por el Presupuesto General de la República y un financiamiento privado, en el cual las organizaciones políticas pueden recibir aportes o ingresos procedentes de la actividad privada, como aportes de personas naturales o jurídicas extranjeras sin fines de lucro hasta 120 unidades impositivas tributarias al año (S/. 642,000 aprox.); así como ingresos por actividades proselitistas obtenidos por aportes en efectivo debidamente bancarizados o contribuciones que permitan identificar a los aportantes, entre otros.
Quien tiene la gran responsabilidad de supervisar, fiscalizar y controlar estos recursos es la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Es de público conocimiento que la actuación de la ONPE en procesos electorales anteriores no estuvo a la altura de las circunstancias. Actualmente podrán estar lavándose la cara para permanecer en el puesto y no perder privilegios, pero la duda continúa. Sin embargo, son las mismas autoridades las que hoy tendrán esa responsabilidad. ¿Podríamos confiar en un proceso limpio y transparente?
El Perú actualmente está viviendo una etapa crítica de vida o muerte, siendo amenazado por la minería ilegal, que junto al narcotráfico se han convertido en las fuentes de captación de recursos económicos más importantes para ser empleados en cualquier otra actividad. Sin lugar a dudas, estos recursos ilegales serán la fuente de financiamiento más importante para algunas organizaciones políticas que nacieron de la nada y fueron aceptadas con engaño.
Podríamos tener unos excelentes candidatos con un perfil integral, que combinen habilidades y competencias en diversas áreas, pero la capacidad financiera y logística decente, legal y honesta no les alcanza para lograr representar a la patria. Asimismo, ¿la actual ONPE tendrá la capacidad necesaria para fiscalizar, sancionar y retirar a quienes incumplan la ley?
Poco creíble que cumplan su deber pensando en el Perú de mañana.

Por Gral. Div. EP Ronald Hurtado Jiménez

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