Humillados y sin destino

El Gobierno se encuentra encorsetado en una camisa de fuerza que impide poner en marcha los radicales proyectos ofrecidos a sus votantes en el programa-ideario de Perú Libre (PL) o a través de las declaraciones de Castillo, Cerrón, Bellido y otros integrantes de su cúpula dirigencial.
Para nacionalizar o estatizar los yacimientos de hidrocarburos, disolver el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo -por ejemplo- necesitan cambiar la Constitución y PL no cuenta con votos para hacerlo.
Revisar o anular los Tratados de Libre Comercio o el acuerdo de la Alianza del Pacífico solo es posible por ley, previa negociación con las contrapartes, y tampoco disponen de mayoría parlamentaria para cumplir ese objetivo. Lo mismo ocurre para establecer empresas estatales -una línea aérea, entre otras-, o crear una Contraloría dependiente del Ejecutivo.
PL también está atenazado por las reglas de la economía de mercado y de los organismos multilaterales de crédito; es decir, por esquemas que ideológicamente repudian y han denunciado como corrosivos sistemas de explotación imperialista. Las propuestas de PL, por tanto, son inviables, balas de fogueo, disparos al aire que solo provocan ruido, temores y confusión, ante lo cual insisten en convocar una asamblea constituyente, pensando que así pueden deshacerse del corsé que los inmoviliza.
Sin embargo, eludir esos parámetros -dogmas económicos en un mundo globalizado- tendría como consecuencia un acceso restringido a líneas de créditos, a la cooperación internacional y a las inversiones.
Cuba y Venezuela transitaron por ese camino y hoy registran 90% de pobres, mientras el salario mínimo mensual de los trabajadores es de 8 y 2 dólares 35 centavos respectivamente. Sus pueblos sufren escasez de alimentos y medicinas o carecen de servicios básicos; en ambos países, además, millones de personas han emigrado en búsqueda de mejores condiciones de vida y de libertad, porque no resisten convertirse en vasallos de regímenes totalitarios que, para mantenerse en el poder, violan sistemáticamente los derechos humanos.
¿Ese destino aspiramos para el Perú? ¿Queremos seguir esa oscura ruta hacia la miseria cuando es urgente recuperar el millón y medio de empleos perdidos por la pandemia, reactivar la hoy anémica economía, resolver la crisis sanitaria o la muy grave inseguridad ciudadana?
Sin embargo, PL nos está encaminando hacia el desastre por otras consideraciones. Especialmente por nombrar ministros y altas autoridades cuestionadas por sus vínculos con el Movadef, brazo político-legal de Sendero Luminoso o por haber formado parte de células terroristas; otros, por encontrarse procesados por corrupción y muchos por no tener perfil profesional para ocupar un cargo público.
Por la suma de todo lo anterior, se incrementa el tipo de cambio, la inflación y los intereses bancarios, mientras se desploman las acciones peruanas en la bolsa internacional y nos rebajan la calificación crediticia por primera vez en más de veinte años.
Desgastados por graves denuncias a sus funcionarios o por confrontar con el Congreso, el Gobierno asemeja a un barco mal ensamblado y al garete, sin timonel ni tripulación experimentada, a punto de encallar. Ante ello, el presidente debe proceder a un cambio de gabinete y a concertar un programa de políticas públicas con el Parlamento. No a eludir, porque ahora recurre al trillado recurso de anunciar más vacunas, incluir el GLP en el Fondo de Compensación o repartir bonos. Es decir, a lo mismo que hicieron gobiernos precedentes. Si no hay cambios, en suma, habrá más crispación, confrontaciones, angustia y pobreza en un país que se siente humillado y sin destino.

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