¡Identifique al enemigo, presidenta Boluarte!

La dirigencia de los mineros ilegales persiste en que el gobierno formalice su actividad ilícita y acepte la vigencia de esta, rebautizada tramposamente como “minería informal”.
Para forzar su exigencia, mantienen bloqueado el acceso a las vías terrestres, tanto en Lima como en el sur del país, interrumpidas por barricadas plagadas de gente muy violenta, que provoca temerariamente al control policial establecido por el gobierno. Este bloqueo viene poniendo en riesgo 622 millones de soles diarios, de las economías de las regiones Cusco, Ica, Arequipa y La Libertad. Monto equivalente al 20 % del Producto Bruto Interno (PBI) de aquellos territorios, que implica un componente determinante para la economía nacional.
La Cámara de Comercio de Lima ha manifestado “su enérgico rechazo” a estos bloqueos de las calles y carreteras en distintas regiones del Perú, promovidos por sectores vinculados a la minería ilegal. Todo ello está causando el desabastecimiento de productos de consumo, así como menos ingresos/salidas de materias primas y productos exportables; paralización del turismo y sus cuantiosas pérdidas económicas, etc. Además, informaba ayer EXPRESO: “Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP), órgano técnico de la CCL, la interrupción del tránsito afectaría hasta el 20 % del producto bruto interno (PBI) regional, en zonas como Arequipa, Cusco, Ica y La Libertad. Esto implica un impacto económico diario superior a S/ 622 millones, perjudicando la seguridad ciudadana, así como el funcionamiento de la actividad productiva formal. El país no puede permanecer secuestrado por intereses que atentan contra el orden constitucional y el derecho de los ciudadanos al libre tránsito. El control territorial no puede estar en manos de grupos que utilizan la violencia y el chantaje como mecanismos de presión”.
Incluso desde el 30 de junio, vienen reportándose bloqueos de carreteras y ocupaciones de espacios públicos por los mineros ilegales en varias regiones del país —incluyendo tanto Lima Metropolitana como Arequipa, La Libertad y bloqueos en la Panamericana Sur; en especial, Chala (Arequipa)— como parte de las protestas de este gremio contra el cierre del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Tanto que el 10 de julio se han reactualizado las protestas en Pataz (La Libertad) y otras zonas, con graves bloqueos y enfrentamientos con la Policía que han bloqueado diversas vías nacionales, afectando las economías de sendas regiones colindantes.
Es evidente que tamaño atentado contra el Estado de derecho —liderado por una dirigencia sindical que maneja informalmente muchos miles de millones de soles mensuales— tiene hoy un objetivo envenenado: enervar el proceso electoral 2026, apelando a la victimización de los mineros informales. Esto en beneficio del totalitarismo —siempre huérfano de respaldo ciudadano— que anda detrás de este movimiento; porque genera una descomunal cantidad de dinero negro con el cual no solo pueden comprarse conciencias, sino solventar aquellas campañas electorales que les haga falta. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte debe ordenar urgentemente una investigación para identificar a los auténticos beneficiarios de este criminal movimiento de dinero negro, quienes participan astutamente disfrazados como dirigentes de humildes mineros informales.

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