Idoneidad y normas

La reciente aprobación del Decreto Legislativo N.º 1645 ha despertado un interés generalizado al proponer una reforma fundamental en la Tesorería Nacional y en el Sistema de Endeudamiento Público.

Sin embargo, esta transformación crucial se presenta en un panorama marcado por la renuncia de Betty Sotelo, viceministra de Hacienda, cuya salida ha generado un vacío inquietante en la gestión fiscal, justo cuando el país atraviesa una etapa de alta incertidumbre económica.

Las normas de fortalecimiento son importantes, pero a la par de ellas es igual de importante la idoneidad de las personas que ocupan los cargos, y esto ha sido el gran “pero” del gobierno actual.

Lo preocupante es que el Decreto Legislativo intenta reforzar la autonomía de la Tesorería Nacional en un momento en que el liderazgo en el sector Hacienda es difuso y los riesgos de incumplimiento de la regla fiscal del 2 % son latentes. A ello hay que sumarle el complejo proceso de rescate financiero que Petroperú demanda, y que otra vez saldría de la Caja Fiscal de una u otra forma.

Es evidente que el déficit fiscal estructural de Perú no puede solventarse a través de más endeudamiento. La emisión desmedida de deuda, sin canalizar los recursos a proyectos productivos o a la reactivación económica, solo profundizará los problemas de sostenibilidad a largo plazo. Esto no solo afectará a la actual administración, sino que también complicará el panorama fiscal para el próximo gobierno.

La emisión de deuda mediante Letras del Tesoro, como establece el decreto, podría ofrecer liquidez en el corto plazo. No obstante, esta solución podría agravar el déficit fiscal si no se gestiona con la cautela necesaria, algo que no hemos estado observando. A la par, la flexibilización en la recuperación de créditos otorgados bajo el programa Reactiva Perú plantea interrogantes.

Aunque es vital apoyar a las empresas afectadas por la pandemia, una política demasiado laxa podría implicar una pérdida significativa de ingresos para el Estado, especialmente si los mecanismos de recuperación, como los fideicomisos, no logran garantizar una devolución efectiva.

Otro aspecto preocupante es la mayor responsabilidad otorgada a los niveles descentralizados para administrar fondos públicos. Sin una supervisión adecuada, esto podría generar problemas de liquidez y eficiencia en el uso del presupuesto público. La descentralización en la administración financiera debe implementarse de manera gradual y controlada para evitar errores costosos.

Además, es imperativo seleccionar con rigor a los miembros del nuevo Comité de Riesgos Fiscales. La autonomía de la Tesorería y la gestión de riesgos fiscales, si no están acompañadas de estrictos controles, podrían derivar en decisiones que comprometan la estabilidad económica del país.
El panorama económico peruano demanda un Ministerio de Economía y Finanzas sólido y enfocado en el largo plazo.

Las voces dentro y fuera de Palacio señalan que la presidenta Boluarte no es partidaria de recibir negativas, lo que podría llevar a una gestión económica errática. Sin una adecuada dirección y supervisión, el costo para el país podría ser irreparable. Es el momento de actuar con firmeza.

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