Impartiendo “justicia” por consigna política
La politización de la Justicia es de las peores consecuencias que reviste el autoritarismo en cualquiera de sus expresiones. Como esta suerte de despotismo chicha que nos ha impuesto un presidente postizo y advenedizo llamado Martín Vizcarra. A estas alturas, habría que ser tonto para negar que la Fiscalía de la Nación está bajo las órdenes del inquilino de Palacio. Lo mismo que sería de idiotas rebatir que el Tribunal Constitucional está integrado por una mayoría que simpatiza con Vizcarra, o que una buena parte de los vocales de la Suprema se inclinan reverencialmente ante jefe del Ejecutivo. Y si a aquello se le agrega la presencia de una policía política -Diviac- que actúa exactamente igual al siniestro SIN que administraba el fujimontesinismo, hablamos de una coyuntura muy peligrosa para la tranquilidad social. Un escenario donde la ciudadanía está a merced del capricho del mandatario de turno.
En España, país primermundista y democrático por excelencia –dicho sea de paso, al cual nuestra ralea política imita en muchas de sus decisiones- el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de separar a un juez porque los criterios que aplicó en una causa –aquella que generó la moción de censura que hace un año removió de la presidencia de dicho país a Mariano Rajoy- “destruyen la necesaria apariencia de imparcialidad que debe reunir todo miembro de un tribunal.” Es más, el fallo de esa Sala ha impuesto una severísima sanción al citado juez –dicho sea de paso, un simpatizante del partido Socialista, opositor del Popular, adonde milita el cesado presidente Rajoy- apartándolo del tribunal que seguirá procesando este caso. ¿La razón? Pues que este juez “dio por sentado el acreditamiento de varios hechos que no eran objeto estricto de enjuiciamiento (…) el posicionamiento explícito del magistrado en estas materias le priva objetivamente de las condiciones de imparcialidad exigibles.” Es más, precisa esta Sala que alrededor de los denunciados por este caso, dicho juez “tejió, pues, un estructura de colaboración estable (…) de la que se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional”, enfatizando en que “en el ámbito estrictamente penal deben extremarse aún más las garantías de imparcialidad.”
Es claro el paralelismo entre la fabricación política que urden los fiscales anticorrupción peruanos y este caso sobre manipulación de hechos por la Justicia española. Allá un magistrado –que simpatiza con el en ese momento partido político de oposición PSOE- produjo un fallo a consecuencia del cual acabó removido del cargo quien era presidente de España, Mariano Rajoy. De haberse producido oportunamente esta sentencia de la Audiencia -que remueve al juez antagonista de Rajoy por sentenciar (sin pruebas) la existencia de un “sistema de corrupción estable” en su partido- Rajoy seguiría como presidente de España y el PSOE continuaría liderando la oposición. Acá, Keiko Fujimori permanece enjaulada porque Domingo Pérez y Concepción Carhuancho la acusaron (sin pruebas fehacientes) exactamente por lo mismo: su partido ´institucionalizó un mecanismo de corrupción´. Si nuestra Suprema fuese despolitizada, Keiko estaría libre.
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