Impronunciable fraude

Para el Gobierno y una parte importante de la prensa parece que la palabra FRAUDE es tabú. Nadie puede siquiera pronunciarla sin exponerse a ser inmediatamente criticado. La sensibilidad parece estar a flor de piel en quienes, ante la mínima insinuación, reaccionan exaltados por considerarla una conducta inaceptable en un proceso autocalificado como “limpio y transparente”. Tantas veces lo repiten que en vez de creerlo nos hace recordar el calificativo “sano y sagrado” tan identificado con un expresidente investigado por corrupción.
En un proceso electoral se considera fraude cuando existe una intervención ilícita con el objetivo de impedir, anular o modificar los resultados reales, ya sea aumentando la cantidad de votos de un candidato, disminuir los de otro, o ambas.
Fuerza Popular, desde hace tres semanas, ha denunciado irregularidades en el proceso, alertando primero a la ONPE, luego al JNE. Sus reclamos se sustentan en indicios de reemplazo de votos, alteración de actas en mesas de sufragio, registros de ONPE que difieren de las actas escaneadas, muertos que han votado, falsificación de firmas de miembros de mesa, etc.
ONPE ha anunciado que los votos han sido procesados y contabilizados al 100%. Ahora todo está en manos de los miembros del pleno del JNE, quienes están evaluando y juzgando la anulación de actas solicitadas por el partido de la candidata.
El margen de votos a favor del candidato es tan estrecho que podría ser revertido si el JNE acepta evaluar la totalidad de actas que la candidata ha presentado dentro de los tres días que establece la ley.
Lo que hemos visto hasta ahora en las audiencias es que gran parte de las actas, a pesar de las pericias presentadas, vienen siendo declaradas infundadas por no contar con los medios probatorios. Fuerza Popular ha solicitado al JNE que ONPE entregue los padrones electorales y Reniec facilite los registros con las firmas correspondientes para poder sustentar lo que se le pide probar.
Preocupa que el JNE, en cada resolución, agrega una indicación para que el hecho “se ponga en conocimiento del Ministerio Público”. Al hacerlo el máximo organismo electoral da la impresión que está individualizando un presunto delito, sin considerar la posibilidad de un acto organizado que se realiza para variar los resultados de las elecciones, lo que evidenciaría un posible fraude.
Fuerza Popular ha solicitado al presidente Sagasti interceda ante los organismos internacionales su participación como veedores en una auditoría internacional. Algo justo, pero difícil de lograr por las simpatías que Sagasti ha mostrado hasta ahora y las parcializadas gestiones de su canciller en la comunidad internacional.
Demostrar que hubo o no fraude fortalecería la estabilidad política, porque sólo conociendo la verdad electoral le estaríamos dando legitimidad al próximo Gobierno.

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