Impunidad e informalidad

En el momento que escribía esta columna una estación radial informaba de la extorsión a un pequeño negocio de Lima este, también escuché con indignación y mucha frustración que cada 24 minutos se registra una extorsión; y es que la inseguridad ciudadana llegó a un punto de quiebre. Ninguna empresa o emprendimiento está exento de ser la próxima víctima: desde la gran minería hasta salones de belleza, bodegas, empresas de transporte, restaurantes y muchos otros enfrentan las amenazas y ataques del crimen organizado.
Como empresario tengo un enfoque diferente respecto a lo que pueda pensar una gran parte de la población, el mismo Ejecutivo o el congreso. A mi entender este es un tema meramente comercial, de mercado, y no podemos compararlo con el terrorismo que asoló a nuestro país en la década de los 80’s y parte de los 90’s ya que era un tema ideológico.
En la actualidad nuestro país ofrece, tanto a la delincuencia local como a la foránea, un ambiente ideal para desarrollar sus actos criminales principalmente por dos motivos: el primero es que existe una gran informalidad –bordea el 75% de las actividades económicas– que impide a las víctimas acudir a las autoridades dado que se les complicaría explicar el origen de su capital o mercadería.
El segundo, y el más crítico en este momento, es la impunidad. Los delincuentes son capturados, y la gran mayoría sale libre a los pocos días, pues nuestro sistema de justicia no funciona como debería. Todo esto los delincuentes lo saben muy bien.
Un negocio es atractivo cuando ofrece un retorno alto sobre la inversión y nuestro país sí que lo hace. Es por eso que no solo enfrentamos delincuentes peruanos, sino extranjeros provenientes de Venezuela, Ecuador, Colombia y Brasil. Estamos ante una ola de crimen transnacional con una logística eficiente que amenaza con arrasar la estabilidad y paz tan necesarios para seguir adelante.
Si usamos términos de comercio exterior, podemos decir que hemos dejado que el Perú se convierta en una inmensa ‘zona económica especial’ o ‘zona franca’ donde la informalidad y la impunidad son beneficios que se le otorga a la delincuencia organizada y los invita a instalarse en nuestro territorio.
En todo este contexto se debaten nuevas leyes, se pretende tipificar los delitos con nuevos nombres cuando ya existen en nuestro código penal. Un nuevo nombre no hará que la realidad cambie. Lo que necesitamos de forma urgente es desincentivar a estas organizaciones criminales para que les cueste mucho más seguir operando sus lucrativos ‘negocios’ y esto pasa por sacar de esta ecuación perversa a la mayor cantidad de delincuentes en el menor tiempo posible, es decir, retirarlos de la sociedad.
Lo anteriormente mencionado se logrará con un liderazgo decidido del Poder Ejecutivo y el acompañamiento de las principales instituciones encargadas de reprimir y castigar el crimen: la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia (el INPE incluido) y otras. Sin decisión política ni firmeza, los peruanos seguiremos muriendo, los negocios cerrando, y habremos dejado al Perú en manos del crimen organizado. Todos los ciudadanos de bien deseamos un gran objetivo: ¡Queremos ver a los delincuentes detrás de las rejas!
Como empresarios, nos sumamos a este llamado urgente y exigimos al Congreso, al Ejecutivo y al Poder Judicial, plantear y poner en marcha un plan que castigue a estos indeseables, se requieren acciones inmediatas para enfrentar la inseguridad que hoy gobierna en la sombra. No hay crecimiento económico sin seguridad. El Perú debe ser un lugar en donde los ciudadanos puedan vivir y trabajar sin miedo.

*Presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX)

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